El fenómeno demuestra, por un lado, el grado de desprestigio que ostenta el Parlamento, tan proclive a los escándalos y a los negociados como ajeno al trabajo institucional y a la vida cotidiana de la gente. Pero, además, indica que un porcentaje creciente de fueguinos no sólo desconfía cada vez más de las prácticas parlamentarias desleales, sino que las rechaza con mucha más vehemencia que los actos del propio Poder Ejecutivo.

Esta característica es curiosa porque se supone que el poder encargado de tomar decisiones a cada momento es el más expuesto a la crítica social. Por la naturaleza de su función, el legislador debería permanecer en un segundo plano, aún cuando sus intervenciones resulten clave para la adopción de cualquier política general.

Sin embargo, por mérito propio, los legisladores fueguinos han sabido ganarse la antipatía popular por encima, incluso, del gobierno de turno. Y han concentrado un descrédito difícil de igualar en la comparación con otras instituciones u organismos públicos.

En los comicios de 2007, que consagraron a la actual gobernadora Fabiana Ríos, hubo 7.483 votos en blanco para el estamento Ejecutivo, lo que representó el 11,83%. Pero fueron 14.083 los votos en blanco para la Legislatura, el 22,26%.

En esas elecciones, la primera minoría legislativa fue el ARI, que ingresó seis bancas y cosechó 11.384 votos. Quiere decir que la primera fuerza política parlamentaria fue el voto en blanco.

Si bien el “voto bronca” debe ser la causa principal de estos números (rechazo general a las prácticas legislativas) también habría que considerar el componente de un probable “voto desidia”, derivado del sistema electoral utilizado en la provincia.

Al votarse en boletas separadas por estamentos, no son pocos los electores que entran al cuarto oscuro en busca de los candidatos a gobernador y vice, y directamente ignoran las listas de legisladores, lo que se transforma de inmediato en un voto en blanco para ese estamento.

Estas personas transforman la bronca en desidia, porque su rechazo a la actividad legislativa es tal que ni siquiera la registran. La ignoran como si no existiera, despreocupándose del resultado de esa actitud. Así, mientras el voto bronca persigue dar un mensaje de repudio general a cualquiera que se postule al estamento, el voto desidia descree incluso de ese mensaje, ya sea por ignorancia o por resignación.

El poder real

La pregunta que cabe formularse a esta altura es a quiénes favorece el aborrecimiento masivo de las prácticas y de los exponentes legislativos.

Algunas respuestas son de índole matemática. En la primera vuelta electoral de 2007, 53.213 personas votaron por alguno de los candidatos a gobernador, y sólo 46.812 eligieron a alguna de las listas de legisladores. Esto significa que al ser menor el número de votos positivos al estamento legislativo, también lo fue el coeficiente para ingresar bancas. En definitiva, hicieron falta menos votos para acceder a un escaño.

¿Y a quién ayuda que hagan falta menos votos para llegar a una banca legislativa? No hay que ser un iluminado para suponer que ello beneficia a los aparatos partidarios, aquellas estructuras que “garantizan” una determinada cantidad de votos a cambio de prebendas, concesiones a futuro, promesas de trabajo, etc.

Es decir que no eligiendo a nadie en la Legislatura, ya sea por bronca o por negligencia, estamos favoreciendo a que mantengan su espacio de poder o accedan a él, parte de lo peor de la política.

Por otra parte, desdeñar la actividad legislativa por generalización (todos son corruptos, todos son vagos e ineficientes) enfrenta a una flagrante contradicción a quienes votan positivamente por un candidato a gobernador.

Por un lado le confiamos a un partido (y dentro de él a un candidato) la responsabilidad de gobernar la provincia, y por el otro le “hacemos trampa” al condenarlo a una Legislatura infectada por los peor de las prácticas corporativas.

Se puede aceptar que alguien vote a un Poder Ejecutivo de un partido, y a legisladores de otro, para sopesar los controles de los que hace gala el sistema democrático, pero esa elección debe tener el mérito de ser a conciencia, y no por dejadez o como represalia a todos los partidos por igual.

En este sentido, sería más entendible un voto en blanco a todos los estamentos, que al menos tiene el valor de la coherencia racional: rechazo a toda la clase dirigente por igual, en cualquiera de los poderes.

Los que votan a un gobernador, y se desentienden de elegir legisladores, ignoran también cuál es el verdadero sustrato del poder real en la provincia.

Es imposible pensar en cualquier tipo de transformación estructural si no se incide, por ejemplo, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara legislativa, donde se trata año a año nada menos que la distribución de los recursos provinciales. Basta considerar que la presidencia de esa comisión lleva doce años en manos de una misma persona (el mopofista Damián Löffler) para entender en cuánto han cambiado las cosas en materia de poder real.

Algo similar ocurre con el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y de remover a los jueces, cuyos mecanismos permanecen inalterables pese a los escándalos y cuestionamientos a los que han dado origen. De hecho la Legislatura designó por años a dos de los siete miembros del Consejo (que son legisladores) sin respetar a la primera minoría, lo que también habla de la inmutabilidad de los nichos más importantes de poder.

Los que el domingo piensen en votar gobernador y dejar afuera todas las boletas de legisladores, deberían saber que “el club de los que nunca pierden” se guarda para fin de año decisiones tales como el nombramiento de un integrante del Tribunal de Cuentas, el posible reemplazo del Fiscal de Estado (con jubilación ya concedida) la designación del nuevo juez Electoral (vía Consejo de la Magistratura) y la prórroga o no de la ley tarifaria, entre otras monedas de cambio.

De manera que el verdadero desafío de estas elecciones es transformar el “voto bronca” y el “voto desidia” en un “voto pensado”, que nos permita al menos soñar con un Poder Legislativo más digno y acorde a los tiempos actuales, en lugar de volver a rifarlo entre quienes suelen comprarse todos los números.