En una decisión que no resultó para nada sorpresiva, la Sala Juzgadora resolvió por mayoría destituir del cargo de vocal del Tribunal de Cuentas al contador Claudio Ricciuti por “mal desempeño en el cargo”, e inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por 5 años.

Los legisladores Marinello, Marcelo Fernández, Collavino, Löffler, Frate y Adrián Fernández lo encontraron responsable de haber violentado de manera reiterada y adrede el límite salarial que le imponía el artículo 7 de la ley 50, valiéndose para ello de diversas argucias e incumplimientos normativos y ejerciendo facultades interpretativas de la ley que están exclusivamente reservadas a los jueces.

Por su parte, Verónica De María lo responsabilizó únicamente por la violación al límite salarial de la ley 50, lo que entendió también implicó la violación al tope salarial constitucional. A diferencia de sus pares, además de la destitución e inhabilitación también pretendió, sin suerte, solicitar al Tribunal de Cuentas que “inicie las acciones judiciales que correspondan para lograr el resarcimiento del daño causado por la percepción de sumas ilegítimas en concepto de remuneración durante el desempleo de su cargo”.

Anticipando de alguna manera el criterio que a futuro pueda adoptar el partido político que integra, De María consideró que este juicio político debe constituirse en un caso testigo para analizar la responsabilidad de otros funcionarios por hechos similares al ventilado en este proceso.

El único que analizó en sentido absolutamente contrario los hechos denunciados fue Gabriel Pluis, ya que aseguró que Ricciuti no incurrió en incumplimiento alguno al percibir adicionales por título y antigüedad, por cuanto ello no estaba prohibido por la ley, “y lo que no está prohibido esta permitido”, aseguró.

El radical formuló además muy duros cuestionamientos a la forma en que se sustanció el juicio, por entender que se lo hizo de manera arbitraria y afectando el principio de igualdad ante la ley ya que de tres imputados por el mismo hecho sólo uno fue acusado y juzgado.

Calificó al proceso como absurdo y muy peligroso institucionalmente ya que “no hace más que pulverizar cualquier resquicio de subsistencia del estado de derecho y consagra el vale todo como formula, método o mecanismo para la organización de la convivencia”.

Es más, consideró que se está ante una “subversión del orden público” por la flagrante e inexcusable apartamiento de las mínimas y elementales normas del poder delegado, el que ahora parece ser quisiera usarse de manera desorbitada y excesiva”.

“Un linchamiento atado con hilo de coser”

Ni bien finalizada la lectura de la sentencia, que estuvo a cargo del doctor Gonzalo Sagastume en su condición de presidente de la Sala Juzgadora, el abogado defensor de Ricciuti dejó constancia que recurrirá el decisorio en casación por ante la corte fueguina y que mantiene la reserva de caso federal.

Demetrio Martinelli consideró un verdadero dislate lo ocurrido ayer. “Los Legisladores

Han confundido absolutamente todo y han convertido el juicio político en un procedimiento judicial” ya que “por un lado dicen que el contador Ricciuti interpretó mal la ley porque no la interpretó en igual sentido que ellos. Es decir se erigieron en intérpretes de la ley que es lo que le cuestionaron a Ricciuti” arrogándose así facultades que son privativas de los jueces.

Sostuvo que “este linchamiento atado con hilo de coser no tiene sustento de ningún tipo, así que esperamos que en sede judicial, donde las cosas se analizan seriamente, desprovistas de todo prejuicio y corporativismo partidario–político, se revea esta sentencia” y se restituya a Ricciuti en su cargo, y por ende se deje sin efecto la inhabilitación.

Habida cuenta de que llegarse a esa instancia todavía está pendiente de resolución por parte de la Gobernadora el tratamiento de la renuncia que hace tres meses le presentara Ricciuti, interpretó que Ríos ya no tendrá posibilidad de aceptarla. Señaló además que hasta tanto la destitución no quede firme por resolución judicial “haremos oposición a cualquier intento de cubrir el cargo” que queda vacante en el Tribunal de Cuentas.

“Un mensaje claro al Tribunal, al Fiscal y a los jueces: el que jode se va”

El destituido vocal del Tribunal de Cuentas interpretó que la sentencia dictada en su contra respondió, única y exclusivamente, a que “cumplí bien mi función. Yo era una piedra en el zapato, por mis votos en el convenio chino o la CA–12, para el Ejecutivo. Me destituyeron 14 legisladores que votaron una ley inconstitucional en perjuicio de la provincia, permitiendo una contratación directa por 25 años (en obvia referencia a la ley 774), entonces me pregunto yo qué habría que hacer con ellos”, apuntó.

Agregó que resulta a todas luces evidente que “no quieren que se controle y de esta manera le damos un mensaje claro al Tribunal, al Fiscal de Estado y a los jueces: el que jode se va”.

Interpretó que este mensaje político ya tornó “cautivos” a los tribunos Longhitano y Caballero. “Fíjese si no cómo se ha analizado el convenio chino II” indicó. Es más, se mostró plenamente convencido de que este “absurdo político” constituye el primer paso de “de una serie de hechos encadenados que se van a dar en sesiones siguientes”.