La ley para reubicar a más de 1300 familias en terrenos de la Comuna 4 obtuvo sanción definitiva hoy en la Legislatura porteña. La primera lectura del proyecto había sido aprobada en septiembre y, tal como adelantó Diario Z entonces, la sanción de la iniciativa estaría lista a fines de noviembre.

La ley fue aprobada por unanimidad y dispone la transferencia de inmuebles, expropiaciones y rezonificaciones de cinco predios. Los terrenos estarán afectados a la construcción de complejos habitaciones para más de 1300 familias de la villa 21-24, que viven a orillas del Riachuelo.

El proyecto lleva la firma de los legisladores del PRO, Karina Spalla y Cristian Ritondo. Sin embargo, el texto fue consensuado por legisladores de distintos bloques, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa y ONG. El listado de terrenos, de hecho, surgió del trabajo de las mesas organizadas por los vecinos de la 21-24, que realizaron un relevamiento en la Comuna 4 -La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios- para poder construir sus viviendas. La iniciativa también contempla que los edificios tendrán un máximo de 40 unidades funcionales.

La legisladora del Frente para la Victoria y vicepresidenta de la comisión de Planeamiento Urbano, María Rosa Muiños, celebró la sanción de la ley y recordó que “muchos niños y embarazadas que viven en la zona están enfermos con plomo en sangre, tienen problemas respiratorios, dermatológicos, presentan retrasos en su desarrollo psicomotriz e incluso hay personas con cáncer, porque las casas están ubicadas en lugares contaminados”.

En efecto, en junio de este año, ACUMAR diagnosticó 72 niños con probabilidad de presencia de trastornos en su desarrollo psicomotor y 53 niños con diagnóstico toxicológico por encima de los valores de referencia.

El plazo para relocalizar a las 1300 familias de la Villa 21-24 venció en enero de 2013. Hasta el momento, se relocalizaron sólo 117 familias de la 21-24 en el Conjunto Urbano Padre Mugica, ubicado en General Paz y Castañares, adonde próximamente irán otras 110 familias. El gobierno no había logrado un acuerdo con el resto en relación al destino de los núcleos habitacionales, puesto que las familias pretendían que los predios se ubicaran en el mismo perímetro, entre Caseros, Vieytes, el Riachuelo y Av. Saénz.

Las familias que ya fueron reubicadas también denunciaron problemas con las viviendas. En la Audiencia Pública para discutir este proyecto de ley llevada a cabo el martes 25, los vecinos exigieron una comisión de seguimiento de las obras y denunciaron la situación en el complejo Padre Mujica: “Como muchos somos obreros de la construcción, nos damos cuenta de las falencias que tienen los complejos habitacionales que el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo con el sistema de construcción rápida: se levantaron todos los pisos, hay humedad, electrificación de paredes, caída de azulejos y no hay gas porque no se terminó la obra”.