Los especialistas dentro del Penal de Chimbas dicen que la experiencia es altamente positiva en los internos para socializar y desarrollar autoestima, a nivel nacional cuando Néstor Kirchner reglamentó el sistema para ponerlo en práctica en las elecciones de 2007 se escuchó que además de reconocerse derechos, podía haber especulación política para sumar un voto más. Lo cierto es que esta es la segunda vez que en el Penal de Chimbas los presos sin condena tendrán la posibilidad de votar. Pero en San Juan, a pesar de que hay unos 300 internos (de unos 746 en total) que cumplen esa condición para ir a las urnas, sólo unos 11 muestran hoy el DNI para poder concretarlo, según dijo el oficial correccional del Servicio Penitenciario Martín Quinzano.

Para que los presos sin condena puedan sufragar (es optativo), como cualquier ciudadano, deberán presentar su DNI y pese a que se han hecho en el Penal varias campañas para documentarlos, muchos le escapan a este trámite y no se sabe a ciencia cierta si querrán acudir a las urnas con el DNI que posiblemente esconda algún familiar, según dijo Quinzano. Uno de los psicólogos del Servicio Penitenciario, Santiago Salinas, explicó que influyen dos factores en los internos: el desconocimiento del valor fundamental del DNI como instrumento civil y la intención de gozar de cierto anonimato que no los evidencie en sus andanzas.

El operativo cárcel consiste en el establecimiento de mesas -en 2007 fueron 2- para que voten los que aparezcan con el documento. A cada uno le llega con unos días de anticipación un sobre con la oferta electoral de su distrito, ya que votan lo que se elige en el lugar que figura como último domicilio en el DNI. Los presos, al igual que los argentinos en el exterior, votan con boleta única, donde figuran sólo los partidos y los cargos en juego. Los docentes que prestan servicios en el Penal actúan como presidentes de mesa.

La primera vez que los presos votaron fue en las elecciones de octubre de 2007, cuando se eligió en San Juan presidente y tres diputados nacionales. En esa oportunidad, votaron unas 60 personas de unas 200 habilitadas. Según la información oficial, el padrón Especial para Procesados del país habilita a casi 32.000 presos sin condena firme a votar en junio, de ellos, 4.959 federales.