Los proyectos que a la fecha de dictado del Decreto 7592 – o sea al 2 de marzo de 2011- cuenten con la aprobación para la exploración u explotación serán remitidos para “análisis integral” al Comité de Expertos, según lo establece el instrumento legal.

El comité estará integrado por el ministro de la Producción, un experto propuesto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET), uno por la Universidad Nacional de Jujuy, dos por la Legislatura, uno por la Secretaría de Gestión Ambiental y otro por la Dirección Provincial de Minería y Recursos Energéticos.

En todos los casos, dice el decreto ratificado por Diputados, se tratará de calificados profesionales en áreas de conocimiento relacionadas con “los impactos y beneficios posibles de este tipo de proyectos” y se aclara que deberán cumplir con la tarea en forma ad-honorem.

Se deja estipulado por otro lado que los dictámenes del Comité se tomarán por mayoría de sus miembros y podrán recomendar la aprobación de los proyectos analizados con o sin modificaciones o no recomendar su aprobación. En todos los casos –se destaca- el Comité deberá fundamentar sus recomendaciones.

Asimismo se establece que los proyectos de exploración y explotación minera de litio serán aprobados o rechazados por resolución conjunta del Ministerio de Producción y el secretario general de la Gobernación. Para la aprobación se deberá contar con “opinión favorable” de la Dirección provincial de Minería y Recursos Energéticos, previo procedimiento establecido en el Decreto N° 5772-P-2010 y recomendación favorable del Comité de Expertos, el que deberá estar integrado y en funciones en un plazo de treinta días hábiles.

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostuvo que estas reservas deben constituirse en una fuente generadora de valor agregado local y de “participación e inclusión laboral de los jujeños”, como también que es necesario aplicar “análisis específicos sobre impacto y conveniencia de la ejecución de proyectos de exploración y explotación de litio”.

Expresó además que en la reunión de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2010 con expertos de América Latina se concluyó que la extracción de este mineral “puede tener impactos significativos en el delicado equilibrio de los suministros de agua”.

“Estudios exhaustivos de impacto medioambiental y de monitoreo son esenciales para impedir, minimizar y mitigar cualquier impacto negativo en la flora y fauna así como en los ecosistemas de los salares y áreas adjuntas”, advirtió el Ejecutivo.