Los funcionarios sostuvieron que el revalúo fiscal establecido mediante Decreto 1875-H-08, sin perjuicio de que contó con expreso tratamiento y aprobación por el Poder Legislativo (art. 2º Ley 5611), es una prerrogativa que concierne al Poder Ejecutivo en tanto así lo dispone la Ley 3623. En efecto, esa norma dispone que el último de los poderes nombrados, por intermedio de la Dirección General de Inmuebles, podrá establecer anualmente coeficientes de actualización de los valores de los inmobiliarios de acuerdo a los mecanismos previstos en dicha ley.

Además, los sub directores manifestaron que la actualización de los valores inmobiliarios consiste en una tarea técnica que lógicamente demanda una capacidad de gestión y administración propia del Poder Ejecutivo de la Provincia, aunque destacaron que en esa tarea la Dirección de Inmuebles se ajustó fielmente a los parámetros y condiciones establecidos en la Ley 3623, de manera de no generar un eventual reproche acerca de su legalidad.

A su vez, advirtieron que, aún cuando la valuación no implica en sí misma una creación tributaria, la actualización de valores se llevó a cabo respetando los principios básicos establecidos en nuestra Carta Magna y refrendados por la doctrina de nuestro más alto Tribunal de la República, que pudieren verse eventualmente involucrados, estos son los principios de legalidad y capacidad contributiva.

Sin perjuicio de ello, destacaron la salvaguarda a ultranza del principio de legalidad consagrado en el artículo 123 de la Constitución local, mediante el conocimiento y aprobación del revalúo por parte del Poder Legislativo.

En ese orden de ideas también dijeron que el revalúo consiste en un mecanismo necesario para generar una mejor distribución de la riqueza, finalidad esta a la que tiende necesariamente el sistema impositivo local, y que fue realizado bajo estrictas normas técnicas y con la supervisión de profesionales de óptima calificación.