Luego de haber pasado por una instancia de mediación, la Comuna y las familias que ocupan terrenos en el barrio El Ombú mantienen negociaciones tendientes a encontrar una solución habitacional permanente y evitar el desalojo. En este sentido, funcionarios, vecinos y referentes de Patria Grande se reunieron la semana pasada en la Casa Municipal con la presencia del intendente Oscar Luciani.

Por un lado, se buscó avanzar con la confección del proyecto técnico para la construcción de viviendas en los terrenos que las familias ocupan actualmente, en el predio delimitado por las calles Río Luján, Beláustegui y Padre Varela, en la localidad de Pueblo Nuevo. Por otro, cerrar la causa por usurpación que recae sobre los vecinos y suspender de ese modo un desalojo que ya fue postergado en dos ocasiones.  

“Se ratificó el compromiso de avanzar con un proyecto de construcción de viviendas en los mismos terrenos que ocupan las familias. Vamos a trabajar para que antes de la próxima mediación, que es el 1º de agosto, esté presentada la solicitud de financiamiento para las viviendas. La idea es maximizar el espacio para que entren 12 casas, no solo para las familias afectadas sino para otras que están en emergencia habitacional y están anotadas en la lista de la Dirección de Tierras y Viviendas”, señaló a este medio Guadalupe Ledesma.

“Nosotros ya teníamos una propuesta armada y el Municipio por su parte, a través de la Dirección de Planeamiento, también presentó una alternativa, así que vamos a trabajar en conjunto para elaborar el proyecto definitivo”, completó.

En cuanto al futuro de la causa judicial, refirió que “nos dijeron que se va a desactivar al tomarse la decisión de avanzar con las viviendas, pero nosotros de todos modos queremos que esto se formalice de cara a la próxima mediación. Es importante que en esa instancia se cierre la causa para que las familias puedan estar tranquilas”, concluyó la referente de Patria Grande.

Antecedentes

Cabe recordar que el mes pasado, las partes acudieron a una instancia de mediación en la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC) para encontrar una salida a la denuncia por usurpación iniciada por la Comuna en 2014. La medida fue dictada por la Fiscalía Descentralizada de Luján, luego de que los vecinos se negaran a declarar en la citación a indagatoria.  

El caso se remonta a principios de marzo de 2014, cuando diez familias de la zona ocuparon un terreno fiscal ubicado entre las calles Río Luján, Beláustegui y Padre Varela, donde se instalaron de forma precaria erigiendo sus viviendas con los materiales que tenían a mano: chapas, lonas y maderas. Con los años, algunos ya han logrado construirlas de material. Se trata de un predio de unos 4.000 metros cuadrados que quedó sin edificar en el marco de un plan de viviendas financiado por el gobierno provincial en 1995.

Con anterioridad, la Comuna había ofrecido a las familias subsidiar temporalmente el costo de un alquiler hasta tanto encontraran una vivienda permanente, pero los vecinos rechazaron la oferta por considerar que generaba desarraigo y no garantizaba el acceso a una casa propia.