Funcionarios provinciales y municipales trabajan activamente para dar solución a “ocupas”. Se registraron grescas.
En el lugar hubo un centenar de efectivos policiales entre Infantería, Caballería y motociclistas para que la orden judicial se cumpla.
La mayoría de las familias mostraron interés en el traslado, ya que en reuniones anteriores, con la Comisión de Asentamientos, hablaron del reordenamiento territorial tanto del Municipio como de la Provincia para buscar solución al asentamiento en tierras privadas.
El fiscal Jorge Zurueta se presentó en el lugar pero se produjeron incidentes, ya que al dialogar con referentes de los asentados fueron apedreados y se produjo la gresca.
La situación legal del terreno está a cargo del juez Javier Aróstegui quien había notificado a la gente del desalojo y que en horas de la tarde (por ayer) la orden de desalojo estaba por salir.
Entre los detenidos se encuentra una persona oriunda de Buenos Aires que no reside en esta provincia y que habría estado instigando a la gente a que resista el desalojo.
En esa refriega hubo personas lastimadas, dos efectivos lesionados y tres móviles dañados.
En el lugar estuvieron desde horas tempranas funcionarios provinciales y municipales: el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial Luis Cosentini, acompañando por Oscar Chedresse, Guillermo Aguirre, Carlos Toconás y Néstor Barrios -entre otros- quienes estuvieron gestionando para que la reubicación de la gente sea garantizada y ordenada.
Cosentini destacó que “la mayoría se quiere ir: son más de 100 familias y con las que estuvimos trabajando, son pocos los que se resisten. En las 30 Hectáreas están enripiando, trabajando los camiones poniendo agua y electricidad. Hemos estado llevando a la gente a ver el terreno, se están haciendo los trámites que le garantizan el lote. No queda otra, no pueden quedarse porque son terrenos privados, allá van a tener su lugar. La intención es avanzar con este tema que no es poco”, comentó.
La decisión política es continuar con los desalojos cumpliendo con el programa “Un terreno para cada familia que lo necesite”, ayer comenzó en Los Perales, luego en Huaico, el Aeroclub, y así continuarán para destrabar el conflicto que se inició en agosto del 2011.
Carlos Toconás destacó que se censaron cerca de 150 familias, aunque ellos decían 400 familias, pero corroboramos que no era tan así, comentó. Según el programa provincial tiene censados a 3 mil familias fuera de los asentamientos que llevan años y la decisión política es reubicarlos.
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