El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura de Chubut se sume al reclamo de la Federación Agraria para una pronta sanción en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que establezca restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales.

La iniciativa apunta a que sea prohibida y de nulidad absoluta la adquisición de inmuebles rurales por personas extranjeras, físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país. De esta forma, el pedido se suma a la advertencia de que en Península Valdés manos extranjeras están comprando tierras nacionales gracias a intermediarios locales.

Un artículo incluye dentro de las restricciones y limitaciones del proyecto a “las personas físicas extranjeras residentes en el país; las personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en la República Argentina, y las personas jurídicas argentinas de la cual participen, a cualquier título, personas extranjeras”.

PENINSULA VALDES

El diputado Carlos Lorenzo actualizó recientemente esta temática a partir de que “desde hace un tiempo –según contó– venimos recibiendo datos de que hay extranjeros comprando tierras en Península Valdés”.

Anticipó al respecto la realización de reuniones para recabar mayor información y presentaciones ante el Registro de la Propiedad, “para determinar quiénes están detrás de estas adquisiciones, efectuadas por intermedio de sociedades anónimas detrás de las cuales están los extranjeros para engañar la legislación vigente”.

La Península Valdés, área natural única declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, “está ubicada en una zona denominada de Seguridad de Frontera, al igual que el resto del litoral atlántico. Igual ocurre con la zona lindera con la frontera con Chile”, recordó el legislador.

“La ley nacional dice que es bueno que las tierras en zonas de seguridad de frontera, por una razón geopolítica, estén en manos de argentinos. Esto no quita que extranjeros puedan tenerlas en esta zona. Lo que implica es que Argentina está carente de una reglamentación que determine claramente en qué condiciones se puede hacer”, comentó luego.

“Aquí hay ciertas facilidades”, agregó Lorenzo con respecto a las tierras de Península Valdés. “Incluso en este caso en particular estamos notando que en determinados trámites (como en estos casos se hace en escribanías de Buenos Aires) parece ignorarse a la Dirección Nacional de Seguridad de Fronteras en la autorización para justificar las compras”, añadió.

Al respecto, reivindicó la importancia del proyecto de ley reiterado por la Federación Agraria Argentina para determinar restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales.

El proyecto intenta establecer una herramienta jurídica, que permita mediante esos límites y restricciones, nominatividad de las acciones y creación de un registro nacional de propietarios de inmuebles rurales y productores agropecuarios, que facilite al Estado Nacional la adopción de políticas activas, que ponga a la tierra dentro de un marco de producción legítima y de resguardo de los recurso naturales.