De esta forma, una vez más, el justicialismo dio su aval a la polémica y objetada metodología de la contratación directa a través de la cual se habilitó al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) a adjudicar a diversas empresas la construcción de 2.500 unidades habitacionales correspondientes al proyecto "Manantial Sur", en la zona de El Chañarito.

La oposición, como se preveía, puso el grito en el cielo ante el apartamiento de los postulados constitucionales que sostienen la necesidad de llamar a un proceso de licitación pública para llevar a cabo estas obras, ya que se dejaría librado a la discrecionalidad del interventor del organismo, Gustavo Durán, la elección de las firmas encargadas de concretar el proyecto en cuestión.

El primero en defender la iniciativa fue Alfredo Quinteros al remarcar que la dinámica aplicada a esta norma, tomando en consideración la herramienta de la contratación directa, está basada en que "la gente de escasos recursos no puede esperar seis u ocho meses estas obras públicas que dejaron un Tucumán distinto desde el 2003 y que permitieron la generación de miles de fuentes de trabajo".

En esta línea, el oficialista aseveró que, en caso de dilatar este proceso, se tenderá a "resentir la mano de obra en la provincia con el tiempo que se toma en llevarse a cabo una licitación", refirió Quinteros.

Vale resaltar que, en el segundo artículo de la ley, se consigna que ninguna empresa podrá resultar adjudicataria de la construcción de más de 110 viviendas, por lo que se estima que en total serían 27 las firmas afectadas a tal fin.

Desde la Democracia Cristiana (DC), José Páez cuestionó a Durán por sus manifestaciones sobre que desde el parlamento no se le requirió ningún tipo de información en torno a las características de este emprendimiento habitacional, al tiempo que cargó contra el titular de la Comisión de Obras Públicas, José Teri, al reclamarle no haber citado a los refractarios al PJ a dicho espacio de trabajo para tratar esta temática.

En aras de reforzar su alocución y por ende su negativa a homologar la norma, Páez indicó que "el proyecto viene sin una clara exposición de motivos, fundamentación y sin ningún tipo de antecedente".

Por su parte, el macrista Alberto Colombres Garmendia preguntó a viva voz a sus pares de la bancada Tucumán Crece cuál es la causa para avanzar con la contratación directa desconociendo lo pautado en la propia Carta Magna provincial. Paralelamente, aseguró que "sobra tiempo para llamar a una licitación y dar el ejemplo ante la sociedad".

Asimismo, el representante del PRO local adujo que la ley en discusión carecía de sentido si se tiene en cuenta que, el año pasado, el oficialismo prestó su acuerdo para que el IPVDU proceda a encarar todo tipo de contratación directa, norma que en ese entonces fue recurrida en la justicia por Colombres Garmendia al entender que lesionaba la Constitución.

Al hacer referencia al esquema de empresas que formarán parte del proyecto "Manantial Sur" y su hipotética tendencia a la discrecionalidad, el opositor remarcó que "se convierte a la obra pública en un botín de guerra por la cantidad de firmas involucradas".

Al momento de hacer uso de la palabra, la radical Silvia Elías de Pérez sin medias tintas calificó a la iniciativa como "una locura" y rebatió los argumentos justicialistas descriptos anteriormente al asegurar que "aquí no discutimos el techo para los más necesitados, sino cómo autorizamos a Durán para que incumpla con la Constitución y negocie como quiera la realización de las obras".

Seguidamente, la correligionaria dio cuenta que una licitación acorde a las normas demanda un máximo de 45 días "por lo que no es un problema de tiempo sino de previsibilidad. Cuándo vamos a cumplir la ley en esta bendita provincia", bramó.

Otra figura del radicalismo en el recinto, como lo es Federico Romano Norri expuso que el oficialismo es coherente en su accionar, pues "hizo de la excepción la regla" y recordó que durante el año pasado en el 25% de las sesiones realizadas se autorizaron las contrataciones directas. "No es bueno para la democracia que las cuentas del Estado se manejen con discrecionalidad y mucho menos para financiar proyectos políticos", lanzó.

En aras de menguar las críticas reflejadas, Gregorio García Biagosch postuló que la concreción de viviendas se constituye como un "bien público" siendo un motivo que justifique apartarse del proceso licitatorio, como lo marca además la Ley de Administración Financiera. Argumento compartido por el titular de la bancada oficial, Roque Tobías Álvarez al sostener que "sin la celeridad aplicada ante urgencias, no se podrían haber llevado a cabo cientos de sueños en la provincia".

Finalmente, el PJ en masa acompañó la ley, mientras que la oposición en conjunto se opuso a la homologación de la misma.