La histórica jornada contra la impunidad de las Fuerzas Armadas bolivianas no fue ayer lo que todos esperaban. El comandante en jefe de las fuerzas, general Ramiro de la Fuente Bloch, negó al fiscal Milton Mendoza el permiso para que ingrese a revisar los archivos del ejército en el marco de una investigación sobre la desaparición de una decena de dirigentes de izquierda durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981). Horas después de la negativa, el mismo jefe militar señaló que "para evitar malas interpretaciones" la comandancia entregará el 26 de febrero los datos que el fiscal requería ayer. "Esa información hay que ordenarla, los archivos son enormes y eso lleva tiempo. Para facilitar el trabajo, vamos a ordenarla nosotros", justificó De la Fuente Bloch.

Ayer por la mañana, el fiscal Mendoza permaneció durante una hora ante el ingreso del Gran Cuartel General de Miraflores, en La Paz. Pero a pesar de portar una orden expresa de un juez, abandonó el lugar sin que se le permitiera ingresar a las salas de archivo.

Ante la prensa, el abogado acusó al general De la Fuente Bloch de "obstaculizar la investigación" y advirtió sobre una posible demanda penal contra la cúpula militar.

La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Democracia (Asofamd) registra 156 denuncias de personas desaparecidas bajo las dictaduras bolivianas entre 1960 y 1980. La fallida intención del fiscal fue obtener información sobre el destino de los restos del dirigente socialista y escritor Marcelo Quiroga Santa Cruz, además de otra decena de activistas. Quiroga desapareció después de la ocupación de la Central Obrera Boliviana (COB) en julio de 1980, realizada por grupos paramilitares.

Durante su primer mandato, el presidente Evo Morales mantuvo una estrecha relación con las Fuerzas Armadas, que fueron clave en el proceso de nacionalizaciones y dieron sostén institucional al gobierno durante la crisis política de 2008.

En 2009, en el marco del respaldo del gobierno al esclarecimiento de la desaparición de detenidos políticos durante los períodos de facto, el entonces ministro de Defensa Walker San Miguel ordenó a las Fuerzas Armadas facilitar a los abogados de familiares de las víctimas el acceso a la información militar. Se refirió en particular a los archivos comprendidos entre enero y diciembre de 1980, cuando se produjo la represión organizada por el gobierno de García Meza.

El ex dictador lleva 13 años preso en una cárcel de máxima seguridad de La Paz.

El actual ministro de Defensa, Rubén Saavedra, había asegurado ayer, previo a los intentos del fiscal Mendoza ante el Cuartel de Miraflores, que las Fuerzas Armadas iban a cumplir la orden de entregar sus archivos de la dictadura porque "ahora son una institución democrática".