En tanto, el resultado financiero (una vez descontados los pagos de intereses de la deuda pública) fue deficitario por segundo año consecutivo, por un total de $55.564 millones (2,5% del PBI). El deterioro fiscal no pudo ser evitado incluso con la asistencia del BCRA y del FGS de ANSES, que aportaron cerca de $26.000 millones (1,2% del PBI) en concepto de utilidades por sus operaciones.

Los ingresos genuinos (esto es, descontando los recursos extraordinarios) del Tesoro Nacional se desaceleraron por segundo año consecutivo. Tras haberse expandido 34% en 2010 y 29% en 2011, el crecimiento de estos recursos bajó a 26,5% el año pasado, lo que equivale a una mínima suba en términos reales. El menor dinamismo de los ingresos fiscales se debió a la performance recaudatoria, afectada por la recesión económica.

Por su parte, la evolución de las contribuciones a la Seguridad Social se mantuvo prácticamente sin cambios, dado que, a pesar de todo, no hubo una destrucción neta de puestos de empleo y los salarios de los trabajadores formales continuaron creciendo de forma robusta (30% anual).

El gasto total se desaceleró en 2012, aunque su ritmo de expansión terminó siendo superior al de los ingresos (ver tabla). Tras haberse expandido un 30% en 2010 y 34% en 2011, el gasto total moderó marginalmente su crecimiento, que finalizó el año en 29%.

Ello se debió a que más de la mitad del total de erogaciones corresponde a rubros inflexibles a la baja, como las remuneraciones a los empleados públicos, las jubilaciones y los planes sociales, o directamente de escaso control a corto plazo, como los pagos de intereses de la deuda pública (rentas de la propiedad). A ello se sumó una fenomenal expansión del déficit de las empresas públicas, cuya administración no logra los márgenes de eficiencia necesarios para alcanzar la auto-sustentabilidad financiera.

La moderación del gasto público se explica por tres tipos de ajuste. El primero de ellos se produjo sobre las obras públicas a cargo del Gobierno Nacional. La inversión real directa, que se había expandido un fuerte 40% en 2011 debido al año electoral, moderó su ritmo de expansión al 25%, lo que equivale a un estancamiento en términos reales. El segundo ajuste implica un recorte de los subsidios al sector privado, política que comenzó en 2011.

La novedad del 2012 fue que la desaceleración nominal de los subsidios se transformó en una caída en términos reales, que no fue mayor aún debido a la inclusión del gasto en Asignación Universal por Hijo dentro de este rubro. De esta manera, se está forzando a las empresas proveedoras de servicios públicos (principalmente, de transporte y energía) a reducir sus márgenes de ganancia (donde los hay todavía), hacer malabares financieros a la espera de auxilio y a intentar aumentos tarifarios.

El tercer ajuste se efectuó sobre las transferencias a las Provincias. Las transferencias discrecionales a los distritos (aproximadamente ⅓ destinada a cubrir gastos corrientes, como los salariales, y los ⅔ restantes a obra pública a cargo de las Provincias) registraron una suba de 3,6%. Esta dinámica, equivalente a una fuerte caída en términos reales, es la continuación de lo sucedido en 2011, cuando las transferencias discrecionales aumentaron apenas 6,4% en términos nominales.

En cuanto a las transferencias automáticas (por coparticipación), las mismas se expandieron un 27% anual, apenas por encima de la inflación. Sumando ambos tipos de transferencias, el total de 2012 ronda los $207.162 millones (+22%), lo que implica que de cada $3 que las Provincias aportaron a la recaudación tributaria, el Gobierno Nacional les devolvió menos de $1.

Las Provincias recurrieron a una combinación de subas impositivas y endeudamiento para atender al deterioro de sus finanzas públicas sin tener que recortar gastos política y socialmente sensibles. Sin embargo, el caso de Buenos Aires ilustra los límites de esta estrategia. Necesitada de recursos para cerrar la paritaria docente, por cuestiones económicas la provincia no puede aumentar la presión tributaria y, por motivaciones políticas, el Gobierno Nacional no le permite endeudarse ni le otorgo asistencia financiera.

Este problema, de carácter recurrente (recordemos el episodio del medio aguinaldo, que posiblemente se repita este año), lleva a una encrucijada para el gobernador: continuar con el proceso de diferenciación del kirchnerismo, o resignar cualquier grado de autonomía para evitar sofocones económico-financieros. Es de esperar que, en un año políticamente crucial, el Gobierno Nacional utilice la asfixia financiera para presionar a las Provincias a ceder el control de las listas legislativas.

Volviendo al plano nacional, en un año donde las elecciones definen más que la composición del Congreso, el gasto público volvería a crecer por encima de los ingresos, con lo cual estimamos la continuidad de la erosión fiscal. El rojo financiero de 2013, estimado en torno a los 2,5 puntos del PBI, seguirá siendo cubierto, principalmente, con emisión monetaria, poniendo un piso demasiado elevado a la inflación para combatirla únicamente con un congelamiento de precios.