En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante llevada a cabo este jueves por la mañana, se puso en discusión un proyecto de comunicación, presentado por el bloque liderado por el ex intendente Miguel Prince. Allí se le solicita a la intendenta Rosso, "como gesto de buena voluntad, disponer la suspensión del pago de la Bonificación por Disposición Permanente a los funcionarios que conforman la estructura política de Gobierno y dejar sin efecto, transitoriamente, las nuevas asignaciones por dicho concepto, dispuestas recientemente". Y pedían a la jefa comunal que, "salvo situaciones excepcionales, suspenda los adelantos salariales a los funcionarios".

En medio de la discusión, el oficialismo respondió con casi 30 decretos en los que se designaba el pago de Bonificación por Disposición Permanente durante el gobierno de Miguel Prince.

Algunos nombres llamaron mucho la atención. Los dos que más escándalo produjeron en el recinto deliberativo fueron los de Samuel Enrique Peñalba y César Siror, máximos representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales que mantienen una dura pelea con la gestión de Rosso por el aumento salarial y suelen criticar públicamente los decretos de disposición permanente dispuestos por la actual intendenta.

A través del decreto N° 747, Peñalba recibió la disponibilidad permanente para el agente municipal que en aquel momento era el director de Servicios Públicos, a partir del 19 de abril de 2004. En tanto, Siror (decreto N° 201) dispuso del mismo beneficio a partir del 1 de enero del 2005, cuando fue nombrado como director de Sistemas y Presupuestos.

Otros que cobraron la Bonificación por Disposición Permanente durante la gestión de Prince fueron la actual concejal Nora Chacón y Rita Prince, hija del ex intendente.

En el proyecto discutido hoy, uno de los párrafos marcaba: "Que predicando con ejemplos, basta recordar que en la gestión del gobierno anterior, no se acató la disposición de reducir a la totalidad del personal político y de carrera el 13 % de sus remuneraciones, medida que incluso alcanzó a la masa de jubilados nacionales, reemplazando aquella quita por una reducción sustantiva durante 40 meses exclusivamente al personal político del Departamento Ejecutivo, incluyendo por supuesto al Sr. Intendente Municipal. Esta reducción al personal político fue del orden del 15 % sobre el haber básico y la bonificación por título, más el 50 % de la bonificación por antigüedad".

El proyecto fue aprobado con modificaciones de forma en algunos artículos, sin la anuencia del oficialismo. Aunque el bloque princista recibió varias críticas por las contradicción remarcadas desde las bancas opositoras.