Después de haberse mantenido por lo menos un mes sin emitir ningún tipo de comentarios ni de haber tomado medida alguna, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) emitió ayer un comunicado de prensa en el que se explaya por primera vez respecto al espinoso tema de las usurpaciones de viviendas ocurridas en diversos puntos de la Capital.

En primer lugar, el organismo a cargo del arquitecto Dante López Rodríguez señaló taxativamente que la responsabilidad por la ocupación ilegal de las viviendas a medio terminar que no fueron entregadas por las empresas es de las firmas constructoras y no del IPV.

"El resguardo de las construcciones y la vigilancia para 'impedir el acceso de personas ajenas a la obra' le corresponde a las empresas constructoras, de acuerdo con lo establecido en el pliego de licitación adquirido previo a su asignación, y por lo tanto, (las empresas) son responsables hasta su culminación y encargadas del acto de realizar la denuncia por usurpación o ante cualquier otro inconveniente de índole privada", detalla el comunicado.

La mención expresa de la cláusula en el pliego de licitación lo utiliza el IPV para despegarse de las críticas en su contra que arreciaron tanto desde la población en general como en concreto desde los propios usurpadores, que pedían constantemente la presencia de los funcionarios para que se les asignara la vivienda en forma legal, dado que los barrios estaban "abandonados desde hace años".

Sobre este punto, el comunicado señala que "si bien es cierto se trata de obras antiguas, que fueron abandonadas por la gestión (de Gobierno) anterior y quedaron sin terminar, éstas cuentan con un importante avance y ya se habían asignado a nuevas empresas constructoras para que las finalicen y puedan ser adjudicadas a futuros beneficiarios, según el Sistema Único de Postulantes, con que se rige el IPV".

Con estos argumentos, también el organismo destaca que con las usurpaciones se pierden puestos de trabajo en la construcción, y comienzan a distorsionar el sistema de adjudicación de viviendas, además de "perjudicar a muchos catamarqueños que están inscriptos en el IPV y con toda la documentación en condiciones, que esperan pacientemente por una solución para sus problemas habitacionales".

Hasta la fecha, hay tres barrios que están tomados por usurpadores en la Capital. Dos de ellos están en el norte, sobre la avenida Choya, mientras que el último está en el suroeste, en la zona del barrio Antinaco.

JUSTICIA

 El IPV también dejó claro que no avala ninguna usurpación, y que dejarán todo en manos de la Justicia, "dado que el Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia en la sociedad".