El juez de la Cámara de Acusación de Córdoba, Gabriel Pérez Barberá, es uno de los integrantes más destacados de Justicia Legítima en la provincia de Córdoba y fue uno de los que más profundidad les dio a los objetivos finales de ese colectivo que ayer dio un espaldarazo a las reformas judiciales que trató el Congreso esta semana. Y defendió a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tras las denuncias en su contra por el nombramiento de fiscales. Aseguró que se trata de reacciones de corporaciones que temen por sus intereses.

¿Qué valoración hace del encuentro en Río Cuarto?

Justicia Legítima es un colectivo amplio que no se limita a estar conformada por integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público sino que busca insertar a la sociedad e insertarse en la sociedad y de este modo el eje central es el de democratización. Por eso es muy importante dejar en claro que no está atada a una agenda circunstancial de reforma legislativa, sino que el objetivo de este colectivo amplio es apuntar a una profundización permanente de las reformas que necesita la Justicia para tener cada vez más legitimación en la ciudadanía. De allí que nos hemos comprometido a profundizar los cambios, a crear una serie de foros para que en el futuro continuemos haciendo propuestas e incluso algunas más profundas que las actuales. Hay que continuar ese camino de reformas que hace que Justicia y sociedad no sigan divorciadas como hasta ahora.

¿Cómo analiza los cambios incluidos en el Consejo de la Magistratura esta semana?

Muy positivos. Me parece muy bien que los consejeros sean elegidos directamente por el pueblo. No me parece bien que los jueces o fiscales sean elegidos por el pueblo. Pero sí los consejeros. No puede ser que una instancia tan determinante como la de selección de un magistrado se haga entre cuatro paredes, decidida por tres o cuatro corporaciones. Esto es algo que repudia el espíritu democrático y en ese sentido llama mucho la atención que sea este proyecto, que es el que más se adecua a la república democrática que nos rige según el artículo 1 de la Constitución, el que más resistencia encuentre en determinadas corporaciones. Pero esa misma resistencia es la que nos dice cuán correcto es el camino que estamos recorriendo, porque si hay resistencia es porque se está colocando un dedo en una llaga que vale la pena explorar.

Un cuestionamiento es que los candidatos vayan colgados de las boletas de los partidos, ¿usted cómo ve esto?

No me parece incorrecto que los candidatos vayan en la misma boleta de los partidos en el sentido de que es constitucional. Por supuesto que habría otras alternativas, como que en lugar de ir por los partidos políticos los candidatos a consejeros vayan propuestos directamente por asociaciones intermedias como Justicia Legítima o la Asociación de Magistrados. Eso sería bueno porque permitiría que cada colectivo proponga el perfil de juez que quiere, se exponga ante la sociedad y no sigan solapados los partidos políticos detrás de los candidatos a jueces que se proponen, que es lo que ocurre ahora. De todas formas, que se vaya por partidos políticos es una de las opciones que están en juego, no es inconstitucional, y en todo caso es preferible animarse al cambio para democratizar y no en aras de defender intereses corporativos intentar frenar esto con argumentos de muy dudosa constitucionalidad.

¿Qué piensa de las denuncias en contra de la procuradora general?

Denunciamos desde Justicia Legítima el lugar desde el cual se hace la denuncia contra Gils Carbó y Carlos Gonella. El lugar desde el cual estas denuncias se hacen es el lugar oscuro de las corporaciones directamente relacionadas con los intereses económicos que esta fiscalía está a partir de ahora comenzando a investigar seriamente. La reacción está asociada al temor de esos sectores corporativos a que se toquen sus intereses. Y por eso desde Justicia Legítima denunciamos el lugar desde el que se efectúan estas denuncias arteras y mendaces ya que además lo hecho por la doctora Gils Carbó se compadece plenamente con la legislación vigente.