Luego que en una de las últimas sesiones de Concejo Deliberante se aprobara una ordenanza con el objetivo de "acercar las posibilidades de vecinos discapacitados, habida cuenta que en cuestiones tan cotidianas como subir a un colectivo o sortear un simple cordón de vereda constituyen obstáculos en muchos casos imposibles de superar siendo para ellos mas dificultoso el acceso a la salud, la educación, el trabajo y a tantos otros aspectos de la vida que imposibilitan la verdadera y real integración" lanzaron una dura acusación al intendente Eseverri por vetar completamente esta ordenanza.

Además, denunciaron que una parte de la ordenanza vetada fue utilizada en beneficio propio del Ejecutivo, lanzado como una obra propia. Según afirma el parte, "es un bajo recurso propio de la peor politiquería, la difusión del gobierno Municipal del anuncio de la construcción de rampas de acceso coincidentemente con la notificación del veto, sabiendo que el proyecto de construcción de rampas está dentro de la ordenanza que el mismo Intendente vetó".

El veto, por su parte, fue explicado pensando en que "no se pueden realizar las obras por que previamente no se han fijado los recursos para su ejecución" a lo que el Frente Progresista Cívico contestó que es una "explicación falsa habida cuenta que estamos en vísperas de que el oficialismo a cargo del Frente Renovador apruebe un nuevo presupuesto para el 2014 en donde se podría asignar una partida para que las obras de inclusión sean realizadas quedando explicitado a las claras que al intendente de Olavarria le importa muy poco las personas con discapacidad".

"El Gobierno Local en el mensaje de notificación del veto falta a la verdad al decir que no se puede implementar dado que los pliegos de concesión no pueden ser modificados, esto último es un verdadero absurdo que ofende la inteligencia ya que ese argumento no respeta, por ejemplo, la ley Nacional Nº 24.314, de obvio y obligatorio cumplimiento, la cual hace referencia a la accesibilidad de personas con movilidad reducida".

A su vez, y con respecto a la ordenanza en sí, el FPCyS realizó varias acusaciones, mostrando falencias en la ciudad con respecto a accesos "de las personas con discapacidades viscerales, mentales, neurolocomotores, sensoriales, auditivos, y visuales a distintos servicios y edificios; asimismo debería brindar beneficios que permitan neutralizar su discapacidad, para lo cual el Departamento Ejecutivo Municipal tendría que hacer cumplir la legislación nacional y provincial en la materia y afrontar por sí o supletoriamente los aspectos donde estas no otorguen coberturas totales".