“Este oscuro personaje fue mano derecha de quien fuera el principal responsable dela represión en Jujuy, el coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del área 323 como así también jefe del RIM 20, lugar denunciado por numerosas víctimas como centro clandestino de detención”, expresaron de Jorge Ripoll los organismos de Derechos Humanos, a través de un documento difundido por su equipo de comunicación.

“Ripoll arribó a Jujuy para formar parte del área 323. Era quien recibía a los familiares en el regimiento cuando íbamos en búsqueda del paradero de nuestros seres queridos. Compartió estructuras, espacio y tiempos con otros represores como Braga quien está actualmente siendo juzgado. Ripoll formaba parte de ese dispositivo clandestino en el cual nada estaba librado al azar, todos cumplían una función dentro de ese engranaje de la muerte y desaparición. Pretendernos hacer creer que el coronel Ripoll era ajeno a lo que sucedía en dicha unidad militar, es un absurdo”, resaltaron.

Añadieron que Ripoll había sido procesado por el secuestro y homicidio de Julio Rolando Álvarez García en 1976, “sobre la base de pruebas indiciarias recogidas a partir de testimonios y de su legajo, que dan cuenta de su rol en la estructura de la represión clandestina”.

“Con miles de procesos judiciales en marcha a lo largo y ancho de nuestro país, ha quedado demostrada y probada la existencia de este plan sistemático y clandestino, en el que las pruebas testimoniales cobran especial relevancia por las características de estos delitos. Por lo tanto a esta altura exigir ‘pruebas directas’ y valorar las pruebas testimoniales según criterios tradicionales como si se tratara un delito común, es meramente un pretexto para seguir perpetuando la impunidad de estos personajes”, afirmaron.

“Creemos –dijeron- que no se trata de un razonamiento ingenuo o de una desinteresada descontextualización por parte de la Cámara. Bajo el argumento de ‘falta de prueba directa’ la cámara monta una nueva estrategia para frenar el avance de las causas por delitos de lesa humanidad. De la misma manera lo hizo anteriormente quien fuera su protegido, el ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor, quién demoró sistemáticamente el avance hacia la verdad y la justicia. Este juez fraccionó las investigaciones e imputaciones en la etapa de instrucción de las causas. Esta ha sido la principal causa, que determinó que el primer juicio oral por delitos de lesa Humanidad en Jujuy cuente con tan solo tres imputados. La Cámara de Salta convalidó todas sus decisiones. Además con este accionar evitó investigar a los cómplices civiles como Blaquier, presidente de la empresa Ledesma, a quien, curiosamente ahora, es ésta Cámara la que debe resolver sobre su procesamiento”.

Los organismos de derechos humanos advirtieron además que “es necesario hacer memoria para saber quién es el Dr.Rabbi Baldi Cabanillas para advertir con claridad su posicionamiento frente a quien debe investigar. Su padre Renato Rabbi Baldi fue vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia durante el gobierno de facto, es decir bajo la intervención del Coronel Bulacios. Por otro lado la Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración de Nación lo denunció ante el Consejo de la Magistratura cuando llamó a la Policía de Seguridad Aeronáutica para que ‘allanen con cuidado’ la casa de su cuñado, el represor Alejandro Osvaldo Marjanov, segundo jefe del Batallón de Comunicaciones de Bahía Blanca, que estaba siendo buscado por la justicia”.

“Rabbi Baldí Cabanillas es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Sociales y Políticas, de la que también forma parte Carlos Blaquier y públicamente desaprobó las acusaciones en delitos de lesa humanidad hechas a este último, lo que motivo su recusación por parte de las querellas”, resaltaron.

“Esto nos señala las vinculaciones del Dr. Cabanillas con las fuerzas represivas y sus cómplices civiles. De todo ello da cuenta el accionar de esta cámara en las investigaciones por los delitos de lesa humanidad en la provincia de Jujuy”, aseguraron para concluir que “por eso decimos hoy más que nunca que estos jueces cómplices de la dictadura deben ser sometidos a juicio político, y que la democracia que tanta sangre nos ha costado necesita de una justicia que sea más democrática y comprometida con los valores de la verdad, la memoria y la justicia”.