La Cámara Nacional Nº 1 confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de los siete imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín, en la causa que investiga el doctor Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, en el expediente caratulado “Almirón Miguel Angel y otro/s privación ilegítima de la libertad”, en los Tribunales de Comodoro Py.

Los imputados son: Angel José Gómez Pola (jefe militar), Abel Oscar Bracken, Edgardo Antonio Mastandrea, José Angel Esterlich, Miguel Angel Almirón, Francisco Silvio Manzanares (policías) y Aldo Antonio Chiacchietta (médico de policía).

Tras la confirmación de la Cámara Nacional Nº 1, ahora sólo resta esperar la elevación a juicio oral y público en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se ventilarán las causas.

Fallo favorable

“Este es un hecho más que positivo. Estábamos esperando esta novedad y que fuera favorable a las víctimas de delitos de lesa humanidad, perpetrados durante la última Dictadura Militar en Junín; y favorable también a los organismos de derechos humanos que fuimos un poco los que estuvimos impulsando esta causa en nuestra ciudad a partir de 2007, causa que hoy llega a una de las principales etapas, porque abrigamos la esperanza de que en los próximos meses el juzgado establezca la fecha de la apertura del Juicio por la Verdad que se merece. Estas personas imputadas que deberán ir al juicio oral y público, tendrán la posibilidad de contar su verdad y de tener un juicio justo, juicio que ellos no les brindaron a sus víctimas”, afirmó Oscar Farías, referente del Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos y ex director de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Junín, en una entrevista con DEMOCRACIA.

“En estos momentos hay varios de los imputados con prisión domiciliaria, por cuestiones de salud, como el médico Chiacchietta, y los policías Bracken y Esterlich.

Lo importante de esto es que más allá de las formas, la Cámara confirma el procesamiento y la prisión preventiva de los mismos hasta llegar a juicio y mientras que dure”, afirmó.

Según Farías, los delitos por los que están procesados fueron cometidos, en la por entonces llamada “Subzona 13” del área de Seguridad, que “tenía también contacto con otras provincias, y era uno de los principales focos de la represión en la Argentina”.

“Estas causas pueden tener aristas en otros puntos del país, aunque las víctimas hayan estado detenidas en alguno de los cuatro centros de detención clandestinos de Junín: la Comisaría Primera; la Unidad Penitenciaria Nº 13, en construcción; la Unidad Regional VIII sita en Gandini 35 y el Destacamento de Morse”, aseguró.

De nuestra ciudad, hay 35 personas detenidas o desaparecidas temporalmente, que lograron sobrevivir, y 35 desaparecidos, de los cuales tres fueron de aquí: Gilberto Mesa (Beto), Adrián Romié y Hugo Torreta.

Las causas que investiga Rafecas, que tienen origen en la Subzona 13, son de los desaparecidos locales y de los 14 que fueron secuestrados, torturados y luego liberados, también en nuestra ciudad.

“Está la posibilidad cierta de que estas víctimas hayan estado en los centros clandestinos mencionados anteriormente y también en otros, como la Unidad Nº 9 de La Plata o en Mercedes”, afirmó Farías.

Reparación histórica

Respecto a la labor que desarrolla actualmente desde el Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos Farías afirmó: “En este último tiempo venimos trabajando con el tema de las leyes de reparación, tratamos de hacer beneficiarios a las víctimas de prisión y de delitos de lesa humanidad de una pensión graciable que otorga la provincia de Buenos Aires. Hay más de 20 expedientes en Junín, esperando el cobro, que varía según la categoría, pero es de alrededor de 2.000 pesos o un poco más. Es un buen resarcimiento histórico, más allá del valor económico, está también el simbólico, en el que el Estado reconoce que hubo un delito del que fue perpetrador, aunque el de la Dictadura se trate de un Estado represor”.