El juicio por la megacausa de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) va confirmando cada vez con más fuerza que el plan sistemático de eliminación de personas -durante la última dictadura militar en la provincia de Salta- se centró en el corazón de la Lista Verde, la agrupación política del Justicialismo que el exgobernador Miguel Ragone había fundado en la década del 60. La persecución también abarcó a los militantes de los sectores aliados, como el Frente Revolucionario Peronista, considerado el cuadro más combativo y militarizado de la izquierda. Al peronismo moderado lo neutralizaron y al revolucionario se propusieron hacerlo desaparecer. Esta teoría ya fue motivo de análisis el año pasado durante el juicio a los acusados por el secuestro y desaparición de Ragone. El exintendente Gerardo Bavio declaró en esa oportunidad que muchos de sus colaboradores habían desaparecido, entre los que citó a la arquitecta María del Carmen Alonso de Fernández, sobrina de Ragone, una de las víctimas de la masacre de Palomitas. Otros como el ex ministro de Gobierno, Enrique Pfister; el ex ministro de la Corte de Justicia, Farath Sire Salim; la abogada Cristina Garros Martínez (ex miembro de la Corte), debieron optar por el exilio.

Tal como lo sustentó el Tribunal Oral Federal de Salta en aquel proceso, el terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo de 1976, sino antes. “El plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil se manifiesta con evidencia ya hacia 1974”, señala el fallo con las firmas de los camaristas Marta Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez, que toma como punto de partida la intervención federal, en noviembre de ese año.

La masacre de cuatro jóvenes en el pueblo de Rosario de Lerma, el 4 de abril de 1975, marcó un punto de inflexión en el proceso de exterminio de dirigentes considerados “peligrosos” para el régimen que se estaba maquinando. Alfredo Matiolli, líder de la JP ragonista, fue cocido a tiros junto a Ricardo Tapia, y los hermanos Liendro Marcial Estopiñan y Sergio Marcos Estopiñan. De acuerdo con la acusación fiscal, este hecho fue planeado y comandado por el ex jefe de la Policía de la Provincia Miguel Gentil y el ex director de Seguridad Joaquín Guil, los mismos que recibieron condenas a perpetua, junto al coronel Carlos Alberto Mulhall, por el magnicidio del doctor Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976.

Previo a este sangriento suceso, las fuerzas represivas ya habían marcado su impronta, en el mes de enero de 1975, con el secuestro y eliminación de Eduardo Fronda, miembro del Sindicato de Vendedores Ambulantes, militante del Frente Revolucionario Peronista y de la Lista Verde. Fronda fue visto en la Central de Policía y en el edificio de la Federal, y pocos después apareció muerto a tiros y con signos evidentes de haber sido torturado, entre los pueblos de San Lorenzo y Vaqueros. El periodista del diario El Intransigente Luciano Jaime dio detalles de este suceso y al mes siguiente lo secuestraron y su cuerpo apareció dinamitado en la zona del Encón Chico. Guil, Gentil, Mulhall y el oficial de la Policía Federal, Juan Carlos Alzugaray, están acusados por ambos crímenes. En diciembre de ese mismo año, la víctima fue el médico cardiólogo de Tartagal, Pedro Urueña, militante del Justicialismo, quien fue raptado desde su domicilio, a una cuadra de la comisaría local. El profesional fue dinamitado cerca del pueblo de Coronel Cornejo, en un camino vecinal. Lo propio ocurrió en agosto de 1976 con Jorge René Santillán, secretario de la Juventud Peronista de General Mosconi (línea Ragone-Cámpora). El exjefe del Ejército de la gestión alfonsinista, Héctor Ríos Ereñú, está en el banquillo de los acusados por esos homicidios. El militar sorprendió a todos en el juicio cuando afirmó que de estos hechos recién se enteró en el 2010, cuando la Justicia Federal de Salta inició el proceso en su contra. Ríos Ereñú era entonces el jefe del Regimiento de Infantería Monte 28 Tartagal y por su condición de tal, el abogado David Leiva lo sindicó como el cabecilla de la represión ilegal en el norte de la provincia.

Otro caso patético de persecución y eliminación de núcleos ragonistas fue el caso del dirigente rural Felipe Burgos, secuestrado el 6 de febrero de 1976 desde su domicilio, en la localidad de Campo Quijano. Burgos, un reconocido dirigente de los campesinos de la provincia y cuya obra trascendió las fronteras del país, se había desempeñado como director de Promoción y Asistencia a la Comunidad durante el gobierno de Ragone. El coronel Mulhall debe responder por su desaparición. Raúl Benjamím Orores, activo colaborador de Burgos en el gremio de los peones rurales de Embarcación y militante de la Lista Verde, también integra la nómina de desaparecidos. El día del golpe de estado, el dirigente abandonó su casa para ponerse a salvo, pero cuando se enteró que a su esposa la habían detenido decidió entregarse a la Gendarmería. “Tomó esta decisión con la promesa de que a mí me liberaran; yo estuve presa tres años y a él lo hicieron desaparecer”, expresó con dolor Asunción Vilte durante su emotivo testimonio, el martes pasado.

Las hermanas Torres

A los episodios citados se suma el de las hermanas Francisca Delicia Torres y Carmen Berta Torres, dos activas militantes de la línea Ragone. A la primera la secuestraron el 9 de marzo desde su lugar de trabajo en la Municipalidad de General G�emes, delante de sus compañeros y el público. La mujer estaba embarazada y pidió a los gritos que no la llevaran. Nadie pudo ayudarla pues su captores estaban fuertemente armados y a partir de ese momento nada más se supo de ella. Al mes siguiente un grupo de encapuchados secuestró a Carmen Berta desde el domicilio de sus padres en la misma ciudad. La mujer se había desempeñado como directora de Bosques del gobernador Ragone y, según su hija, había sido víctima de varias detenciones. Mulhall aparece como el principal imputado en esta causa, junto al comisario Julio Oscar Correa, quien era el jefe de la policía local. Este policía también esta procesados por la desaparición de Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, de 17 años, y de Rodolfo Gallardo, de 20.

Hay otras víctimas, eliminadas por formar parte de las huestes ragonistas o simplemente por tratarse de activos militantes de izquierda.