USHUAIA.- La Fiscalía de Estado indicó que el pago del REPAS se debió cumplir desde noviembre, cuando el Gobierno decidió dejar firme el fallo ya que, para hacerlo, no hace falta la firma de un acta convenio con el sindicato.

En tal sentido, solicitó a la Gobernadora que «tome drásticas y urgentes medidas» contra todos los funcionarios que hayan tenido participación o aún consentimiento en la redacción del acta acuerdo firmada con el gremio de ATE para el pago del REPAS.

El doctor Virgilio Martínez de Sucre puso su objeción a los términos del convenio, ya que existen algunas cláusulas que ocasionarían perjuicio fiscal y estaría rayando la ilegalidad, por lo tanto solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal para que determine si no existe un delito.

En su escrito, el Fiscal de Estado aclara que el Poder Ejecutivo, además de la potestad, tiene el «deber de abonar las acreencias de los agentes estatales sin necesidad de suscribir ningún tipo de convenio, bastando la simple orden a las áreas pertinentes».

Es más, desde el organismo de control se recuerda que en su momento, cuando en noviembre la Gobernadora decidió dejar firme la sentencia de la Cámara de Apelaciones, debió comenzar a pagar, porque el Gobierno quedó expuesto a demandas individuales de cada agente con el consecuente perjuicio.

Las objeciones

En primer lugar, desde el organismo de control se evidencia que la demanda por el REPAS se trató de una acción de protección de intereses colectivos, en los que ATE jamás tuvo «mandato de los mismos».

En su escrito, el Fiscal de Estado advierte:

-Resulta inexplicable el tratamiento diferenciado y discriminatorio que realiza respecto de los agentes públicos afiliados o no afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado, en cuanto a la fecha en que serían abonadas las acreencias a unos y a otros.

-Es ilegítimo que las «acreencias de quienes dejaron de pertenecer a la administración» sean depositadas en el Juzgado que entiende en la causa, ya que en la misma no hay condena y los ex agentes no son parte del juicio.

-Es increíble la apropiación que procura perpetrarse en virtud que a cada uno de los trabajadores no afiliados se descontará el monto equivalente al 4,4% en concepto de cuota solidaria a favor de ATE. Sin la anuencia ni la conformidad de los únicos legitimados, es decir los agentes cuyos créditos nacieron con la sentencia dictada, el Poder Ejecutivo estaría detrayendo ilegitímamente parte de sus acreencias para cedérselas al gremio estatal.

-En forma dolosa e inaceptable, se quiere hacer creer que el juicio en cuestión tenía como objeto un reclamo pecunario por parte de todos los agentes públicos.