La semana pasada, la Legislatura aprobó -con la sanción de una ley- el convenio entre la Provincia y la Nación para la recepción de $ 431 millones, que serán destinados a obras públicas del programa “Más Cerca II”. Si bien la polémica se generó por la omisión en la nómina de beneficiarios de los municipios de Bella Vista, Famaillá y Simoca, y de una docena de comunas rurales, la nueva norma tiene otras novedades.

En principio, se extendió la validez del convenio hasta el año 2015. Además, se agregó -como facultad del Poder Ejecutivo- la posibilidad de “instrumentar la ejecución del plan a través de sus reparticiones, organismos descentralizados y entes autárquicos”. Estos, al igual que los municipios y comunas, “quedan autorizados a contratar en forma directa, previo cotejo de precios, la ejecución de obras por terceros y la adquisición de bienes y servicios necesarios para su ejecución por administración”.

Con estos cambios, se abre la chance -por ejemplo- para que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) o la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) se hagan cargo de proyectos incluidos en el anexo referido a viviendas, en esta segunda etapa del “Más Cerca”.

Según el legislador alperovichista Ramiro González Navarro (bloque Tucumán Crece), con esta fase del plan “se estima una ocupación en mano de obra de 8.700” trabajadores, entre cooperativas, comercios y empresas.