Se estima que las pérdidas luego de la toma de viviendas del Plan Federal ascienden a 4 millones de pesos. Desde la comuna se afirmó que se forzaron puertas, se dañaron marcos de aluminio, y se robaron mesadas y cables de electricidad. También se rompieron cañerías de agua y desagües cloacales, así como hay paredes quemadas y otras roturas de distinta magnitud.
Así surge de un estudio realizado por la secretaría municipal de Obras y Servicios Públicos, elevado a la subsecretaría de Vivienda de Nación.
Tomado de manera aislada, el número puede no dar cuenta de la magnitud de lo ocurrido, pero resulta claro si se considera que ese dinero equivale a la construcción de 37 nuevas viviendas, tomando los valores que se manejan para este programa.
Es más, se trata de una cifra que equivale a la cantidad de familias que apenas dejaron la usurpación realizaron un acampe en la Plaza Rivadavia, reclamando una solución para sus necesidades habitacionales.
El secretario de Obras, Rubén Valerio, aseguró ayer a este diario que los daños relevados ocurrieron durante el tiempo de la usurpación, ya que durante el año en que la obra estuvo paralizada no ocurrió ningún incidente en ese sentido.
"Las afectaciones a las viviendas fueron consecuencia de haber ocupado las casas en la forma que lo hicieron, a la fuerza, y de pretender vivir en un lugar que no estaba en condiciones de ser habitado", mencionó.
La lectura es similar a la realizada por el director comunal de Vivienda, David Revale, quien ofreció un resumen de las roturas detectadas.
"Se forzaron varias puertas de ingreso, se dañaron marcos de aluminio cuando tapiaron ventanas, se robaron mesadas y cables de electricidad, se rompieron cañerías de agua y desagües cloacales, hay paredes quemadas y roturas de distinta magnitud", explicó.
El municipio realizó una presentación detallada de lo ocurrido, apoyado en un relevamiento fotográfico y con la idea de conseguir fondos adicionales para absorber esas reparaciones.
"Esperamos que una vez que se rescinda el contrato con la UTE Proa-Karpa --que tenía a su cargo la construcción de las viviendas-- se nos reconozca algún adicional que nos permita asumir esta realidad", indicó Valerio.
La plaza, en estudio. El director municipal de Espacios Públicos y actual titular de la delegación Norte, Marcelo Caramelli, confirmó ayer que el viernes tendrá un detalle pormenorizado de los daños detectados en la Plaza Rivadavia luego del acampe de un mes realizado por una parte de las familias que reclaman viviendas.
"No tengo una idea de cuánto puede salir dejar todo en condiciones, porque hay muchas cuestiones a evaluar, en cuanto a mano de obra y materiales", señaló.
Caramelli recorrió el lugar el lunes, pocas horas después del retiro voluntario de los últimos ocupantes, detectando, a simple vista, la rotura de picos regadores, la pinchadura de cañería de riego en los canteros y la afectación del césped.
"Los caños están ubicados 25 centímetros bajo la tierra y con las carpas se dañaron muchísimo. También se secó el pasto, lo cual nos obligará a remover la tierra y a resembrar. No son trabajos menores", explicó.
Una empresa más
Esta semana se sumó una nueva compañía constructora, la séptima, contratada por el municipio para la terminación de las viviendas ubicadas sobre Arias, luego del retiro de la UTE Proa-Karpa, adjudicataria inicial del conjunto. La novedad fue señalada por el ingeniero Valerio, quien recordó que los contratos se hacen de manera directa a partir del decreto de necesidad y urgencia del intendente Gustavo Bevilacqua, aunque los mismos tienen valores predeterminados por el municipio para cada rubro. El promedio de avance del conjunto es del 70%, aunque existen unidades en un 95% y otras en un 50%, como puntos extremos.
Inscriptos
10 mil jefes de familias, aproximadamente, están anotados en el registro municipal de postulantes para acceder a planes de viviendas. Una parte de las 552 unidades que se construyen en jurisdicción de la delegación municipal Villa Rosas se sorteará el mes próximo.
El tema central en la primera extraordinaria
Los 17 primeros temas del orden del día de la sesión que inaugurará el período extraordinario del Concejo Deliberante en 2013 están referidos a la usurpación de las viviendas del Plan Federal y a la crisis habitacional.
La sesión será mañana y estos puntos servirán para guiar un debate que viene postergándose en el marco formal del cuerpo deliberativo, a partir de la no concreción de sesiones extraordinarias por cuestiones inherentes a oficialistas y opositores.
Al bloque del Frente Para la Victoria no le convencía la idea de realizar una sesión que podría estar cargada de críticas a la gestión comunal, con una sala posiblemente colmada por personas "movilizadas políticamente", cantando o insultando a los funcionarios que más tuvieron que ver con el desalojo del Plan Federal.
Por otro lado, varios ediles opositores vieron con buenos ojos que el problema siga teniendo como epicentro el Palacio Municipal y no sea trasladado al Concejo Deliberante. Tampoco estaban seguros de que la sesión no fuera copada por personas afines al Ejecutivo, presionando para que la entrega de las casas no priorizara a los usurpadores u ocupantes.
Sin casas usurpadas ni manifestantes en la Plaza Rivadavia, el clima ya no parece ser tan hostil. De todas maneras, se presume que el debate de la sesión de mañana, será intenso.
La última extraordinaria se llevó a cabo el 27 de diciembre (ver más información en El Concejo...).
El Concejo analiza habilitar el uso de fondos municipales
El Ejecutivo y concejales de los distintos bloques discuten los artículos del decreto que se utiliza para convalidar las adjudicaciones directas a empresas, las cuales se realizaron para continuar con las obras en Villa Delfina.
La intención del oficialismo es lograr que se habilite a la comuna a desembolsar fondos propios, en caso de que la Nación demore el envío de las partidas comprometidas.
Sobre el mediodía de ayer se realizó una reunión entre concejales y los funcionarios municipales Santiago Romanelli, subsecretario de Legal y Técnica; Rubén Lascano, subsecretario de Obras Públicas; y Miguel Diez, titular de Economía, para analizar el articulado de la declaración.
Ediles opositores le pidieron al Ejecutivo que firme un convenio con Nación, en el que se garantice el reintegro de los fondos que la comuna vaya a pagar a las empresas constructoras en nombre de la administración federal.
La discusión sobre este punto resulta relevante habida cuenta que las casas que fueron usurpadas presentaban un notable estado de abandono, ya que las obras estuvieron prácticamente paralizadas durante un año debido a la merma en el envío de dinero por parte de la Nación. Además, la comuna no tiene partidas significativas asignadas a la construcción de viviendas en el presupuesto 2013.
El análisis en la reunión de ayer se basó en el texto que el intendente Gustavo Bevilacqua firmó el 17 de enero pasado, cuando declaró la emergencia y procedió a realizar contrataciones directas para brindarle seguridad al predio que había sido ocupado y continuar con las obras, además de rescindir el contrato con la UTE que estaba a cargo de la tarea.
Cristina Molina, concejal de Unión Pro, opinó que en la declaración que vaya a aprobar el Concejo Deliberante deberá incluirse un artículo en el que se garantice el reintegro, durante este ejercicio, de los fondos que aporte la comuna en nombre de la Nación.
"Es indudable que en un momento dejaron de enviarse fondos desde Nación porque, de lo contrario, los trabajos no se hubieran detenido tantos meses y las usurpaciones no habrían ocurrido. Ahora, si la comuna sale a pagar trabajos, queremos estar al tanto de todas las erogaciones que realice", dijo.
También comentó que se le pidió a la comuna que remita los términos de la rescisión del contrato con la UTE y advirtió que la vigencia de esta declaración tendría un plazo de seis meses.
La concejala radical Aloma Sartor expresó que la UCR analiza incluir en el articulado de la declaración de emergencia, o en otra ordenanza, más puntos de incumbencia con las viviendas de Villa Delfina y bases para el abordaje, desde el sector público, de situaciones sociales conflictivas como la usurpación.
También dijo que la comuna, según los funcionarios, cuenta con un remanente de 8 millones de pesos que la Nación envió el año pasado.
"Por un lado, dicen que hay plata; por el otro, deberían existir certificaciones que demandaron la liberación de esos recursos por parte de Nación. Todo esto abre una gran incertidumbre", expresó Sartor.
Dijo que el municipio no tiene recursos propios para destinar al Plan Federal, si no se recuperan en el corto plazo. Asimismo indicó que la declaración de emergencia no se trataría en la sesión de mañana, porque se le pide al Ejecutivo el compromiso de Nación en el otorgamiento del dinero necesario para terminar con las obras.
El edil Raúl Woscoff, titular de Integración Ciudadana, dijo que se quedó sorprendido porque falta información "adecuada" en el expediente que incluye las medidas adoptadas y porque, a su entender, los funcionarios municipales mostraron imprecisiones al momento de brindar información.
Dijo que no pudieron ver el acta en la que consta cómo la UTE le habría entregado la obra a la comuna, como la rescisión del contrato con esas empresas y el decreto correspondiente que confirma esa medida.
También dijo que espera que el Ejecutivo envíe al Concejo el convenio que, posiblemente la semana próxima, firmaría con la Nación para el envío de los fondos.
Respuesta oficialista. El secretario de Obras y Servicios Públicos, Rubén Valerio, quien no participó del encuentro con los concejales por encontrarse reunido con funcionarios de Vialidad Nacional, advirtió que la llegada de los fondos de Nación para terminar estas viviendas del Plan Federal, calculados en 54 millones de pesos, está garantizada.
Señaló que la rescisión del contrato con la UTE fue planteada por las empresas que la componen --y se resolvió de mutuo acuerdo-- debido a que estas no podían garantizar la preservación del predio tras ser usurpado.
En cuanto a la contratación directa de las siete empresas que actualmente están construyendo las casas del Plan Federal, resaltó que se les paga según valores testigos de licitaciones anteriores, que sirvieron para fijar precios únicos por cada ítem: revoque, colocación de aberturas, etcétera.
Más allá de estas aclaraciones, Valerio salió al cruce y cuestionó a los concejales opositores, quienes "se ocupan ahora por los términos de los contratos y no se ocuparon en el momento de la usurpación".
"Parece que estaban todos de vacaciones. Integración Ciudadana está preocupada viendo cómo se contrata y cómo se rescindió la anterior empresa. Se tendrían que haber ocupado antes. Ahora no se preocupen por los fondos, porque los fondos van a estar", subrayó Valerio.
El presidente del bloque del FPV, Santiago Mandolesi Burgos, sostuvo que la ratificación de la declaración de emergencia será reconocer una situación que se da en la realidad.
A su vez, recordó que el intendente Bevilacqua decretó la emergencia para poder actuar, dando cumplimiento a la medida dictada por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, quien le ordenó a la comuna custodiar el predio tras el desalojo, avanzar con las obras y atender la situación de las personas que se encuentran en crisis habitacional.
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