El gobernador Eduardo Brizuela del Moral les aceptó la renuncia al subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, el Jefe de Policía, Francisco Mercedes Soria y el Sub Jefe, Dionisio Amando Ahumada.
Según pudo averiguar El Ancasti, en la tarde de ayer, el ministro de Gobierno y Justicia, Javier Silva, en reunión con el gobernador Brizuela del Moral, resolvieron aceptar las dimisiones de las tres máximas autoridades del área Seguridad de la provincia. Tras el incendio en el que murieran calcinados los adolescentes, Nelson Molas (17), Nelson Fernández (15), Franco Sosa (17) y Franco Nieva (16), las primeras críticas de los familiares apuntaron al subsecretario de Seguridad, al Jefe de Policía y a las juezas de Menores, Ana María Nieto e Ilda Figueroa, a quienes les exigían sus renuncias en cada manifestación callejera que efectuaban.
Las diversas irregularidades detectadas en el edificio de la Alcaidía, entre ellas las falencias en el sistema contra incendios del anexo policial, las cuales eran conocidas a causa de un informe presentado en enero del 2010, pusieron contra las cuerdas a los funcionarios.
Un final anunciado
En el caso del hasta ayer subsecretario de Seguridad, su gestión siempre estuvo cuestionada por la oposición y por otros sectores y la tragedia resultó ser el golpe definitivo. Estaba en el cargo desde mayo del 2005, en reemplazo del comisario retirado José Leiva.
Soria y Ahumada, habían asumido como Jefe y Sub Jefe Policial a fines de noviembre del 2008 en lugar del actual subsecretario de prevención de adicciones, Néstor Ubaldo Ortiz.
De acuerdo a la cadena de mando, la tercera autoridad de la cúpula policial es el comisario general, Antonio Ramón Álvarez, que ocupa el cargo de Inspector General de la Fuerza.
"Insuficiente"
El diputado justicialista Fidel Sáenz consideró "insuficiente" la aceptación de la renuncia de la cúpula de seguridad de la Provincia como consecuencia de las cuatro muertes de la Alcaídía. "Estas renuncias parciales no puede ni siquiera ser consideradas como un gesto del Gobernador. Hay responsabilidades políticas claras por este crimen que alcanzan al ministro (de Gobierno, Javier) Silva. La política de seguridad tiene una importancia central en la cartera de Gobierno y también Silva tiene que dejar su puesto por las deficiencias que quedaron de manifiesto", dijo Sáenz.


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