Renuncian pero no se van. Eran funcionarios públicos de los más altos escalafones del Estado. Se fueron por cuestionamientos o irregularidades; incumplimientos; incompatibilidades; ineficiencia; para permitir investigaciones judiciales o simplemente por diferencias políticas. Sin embargo, poco tiempo después, el Gobernador volvió a nombrarlos con sueldos similares a los que tenían. Esto es lo que se desprende de un relevamiento de El Tribuno sobre los casos más emblemáticos que forman parte de la administración provincial.

La política de Juan Manuel Urtubey con los que se alejan de la gestión revela un mecanismo de reciclaje de funcionarios costoso para los salteños. Son muy pocos los que se retiraron definitivamente del Estado; muchos siguen percibiendo ingresos de las arcas provinciales. Exministros y secretarios siguen aferrados al Grand Bourg como asesores, titulares de cargos políticos o como beneficiarios de nuevas y llamativas ocupaciones. Para sus flamantes funciones, de todas formas, se mantuvo el nivel de ingresos que ostentaban cuando dirigían el destino de algunas de las más importantes áreas de gobierno.

Francisco López Sastre, exministro de Ambiente, tuvo que abandonar su puesto en medio denuncias por el manejo irregular de los fondos de la Ley de Bosques. Sin embargo, días después de su alejamiento fue designado como “director del Area de Cooperación Nacional e Internacional de la Escuela de Administración Pública”. El cargo comenzó siendo “ad honorem” y terminó, 13 días más tarde, con la remuneración estatal más alta del Poder Ejecutivo local, autorizada por decreto del Gobernador.

Nicolás Juárez Campos asumió como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos cuando comenzó la primera gestión de Urtubey. Estaba al frente de la cartera al momento en que se produjo un duro reclamo salarial de los policías que incluyó una huelga con acuartelamiento. Renunció al Ministerio el 11 de agosto de 2008 y el mismo día fue nombrado asesor de la gobernación con un sueldo de ministro. Un año después dejó ese cargo para postularse sin éxito como candidato a senador local. Tras la derrota electoral, el 13 de diciembre de 2011, se incorporó nuevamente a la planta estatal, esta vez como asesor y con una remuneración equivalente a la del cargo de secretario.

Gonzalo Quilodrán era secretario de Interior en agosto de 2010, cuando protagonizó un accidente que le costó la vida a un motociclista mientras conducía un vehículo oficial sin autorización. Dijo que dejaba su puesto para que la Justicia lo investigara. En agosto de 2011, un año más tarde, obtuvo un “cargo político de nivel uno”, en la secretaría de la Función Pública. En diciembre de ese año, también asumió como director de la Agencia de Promoción de la Provincia, con un ingreso equivalente al de secretario de Estado.

La Provincia pasó de pagar $ 1.300 millones en salarios durante 2008 a desembolsar la suma de $ 5.500 millones, casi el 50 por ciento del total de los recursos anuales que tiene Salta. Este significativo aumento supera ampliamente los índices de inflación oficiales y privados. Esto puede asociarse al crecimiento de la planta de personal del Estado, pero también a la aparición de nuevos cargos, como la coordinación General de Asuntos Políticos de la Gobernación, que asumió Antonio Marocco en 2010, luego de dejar el Ministerio de Gobierno. Así se reciclan los funcionarios que renuncian, pero se quedan en la administraciñon pública con sueldos que van de los 10 mil a los 20 mil pesos, según pudo averiguar El Tribuno.