“Me parece que es una decisión apresurada la que ha tomado el delegado, debido a que no es la primera vez que sucede alguna de estas situaciones similares, y que se deben resolver con energía y voluntad hacia adentro de la institución, para que no se vuelvan a repetir o al menos se minimicen los errores”, dijo este fin de semana el presidente del IPV, Ricardo Trovant.

El funcionario agregó que había mantenido una conversación con él, pero que se reservaba el contenido, aunque dijo que le había expresado su punto de vista y que éste es el mismo que argumentó a la prensa cuando dejó el cargo.

Tras ese comentario, Trovant aclaró algunos de los puntos cuestionados por Reyna, y que abarcan la publicación mediante gacetilla de prensa del nombre de un empleado del IPV sin que mediara sumario o investigación interna. Sobre ello, señaló que se había recurrido a la Justicia y que la previsión era que la información quedaría en ese fuero hasta que se desarrollaran las investigaciones.

Mientras tal declaración implica admitir de modo tácito que la gacetilla de prensa que reveló el nombre del “sospechado” obedece a un error o falta de coordinación, Trovant defendió la presentación judicial por sobre la alternativa de la vía administrativa. “Hicimos una presentación a la Justicia para que se investigue: no imputamos, pedimos que se investigue porque es necesario hacerlo cuando hay muchas dudas, sobre todo cuando hay explícitamente opiniones de gente que no quiere hacer la denuncia por sí misma pero nos lo trae a nosotros. Es necesario que esto se aclare y que mejor que en la justicia, es mucho mejor que un sumario interno”, sostuvo.

Pocas casas ´sociales´

Pero Reyna no solo había cuestionado esta actitud, sino que puso en evidencia su disconformidad con los niveles de ejecución de viviendas sociales del instituto en esta ciudad. Trovant rebatió de plano que el número fuera escaso. Dijo que se trata de una interpretación del ex delegado que parte de un error de concepción dado que todas las viviendas que desarrolla el IPV son ´sociales´, aunque estén gestionadas por sindicatos, cooperativas u organizaciones intermedias, dado que quienes las integran están inscriptos en el padrón permanente, como cualquier otro ciudadano de la provincia.

“Gracias al esfuerzo del IPV y la voluntad política del gobernador, hemos elevado la cantidad de viviendas que se están construyendo en la ciudad. La semana que viene estamos abriendo 323 viviendas y dentro de 10 días vamos a comenzar la publicación de otras 300, y así vamos a seguir. Me parece que esa es suficiente demostración de cuál es la realidad, creo que hay una confusión respecto lo que se esgrime como vivienda social, y esa confusión es posible que lo haya llevado a tener una visión sesgada de la realidad”, expuso.

En un párrafo casual o premeditado, Trovant añadió que el planteo de Reyna “es bastante parecida la opinión de (Máximo) Pérez Catán”. Y consultado si la alusión al intendente dasnevista de Trelew era mera coincidencia o había querido referir a otro trasfondo, respondió: “veo una coincidencia, tal vez es solo eso”.

La denuncia

El viernes pasado El Diario dio cuenta de una denuncia realizada desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ante Fiscalía de la ciudad de Comodoro Rivadavia por la sospecha de una situación “irregular” en un mecanismo de adjudicación de inmuebles. Según se daba a entender, el empleado cobraría coimas con el objetivo de acelerar distintos trámites administrativos, lo que motivo a que el titular de la cartera realizara la denuncia formal.

“Estas situaciones suelen ser de muy difícil comprobación, pero lo mejor que podemos hacer es confiar en las herramientas que tiene la justicia para ir avanzando en éste proceso” sostuvo. Además, dijo que “es muy feo tener que atravesar por éste tipo de inconvenientes, sobre todo cuando se trabaja en pos de brindar respuestas justas a ciudadanos” que esperan hace muchos años pacientes para tener su vivienda digna.

Infiel

En tal sentido, Trovant puntualizó que la situación no escapa de la realidad; y la sospecha que se generó a través de la denuncia anónima que recibieron, que cuenta con ciertos visos de verosimilitud hizo que como representante del organismo se presentará en la Fiscalía de Comodoro.

Por su parte, Abel Reyna, titular del IPV en la ciudad petrolera, señaló que no tuvo acceso a la información por vías institucionales, sino a través de datos suministrados por la prensa.

Denuncia anónima

Según consta en la denuncia presentada ante las autoridades judiciales a las que hizo referencia Ricardo Trovant, llegaron al IPV denuncias de carácter anónimo, las cuales daban cuenta de supuestas maniobras fraudulentas ejercidas por personas ´ajenas al organismo´ que facilitaría la pre-adjudicación y adjudicación de las supuestas viviendas. “Aprovechándose de la necesidad de muchos vecinos por obtener una vivienda, los denunciados ofrecerían de forma relativamente inmediata la unidad habitacional a cambio del desembolso de una suma determinada de dinero”, indica el parte.

Además, según se desprende del comunicado oficial, el hecho habría sido llevado adelante por “David Bill quien es ajeno a la administración central y trabajaría en una empresa petrolera de la zona sur de Chubut”.

Modalidad

Por otro lado, las investigaciones no se centran en una sola persona, sino que dentro de los hechos acontecidos aparece el nombre de Darío Acosta, empleado del IPV, quien de acuerdo al comunicado oficial, utilizaría sus influencias para “cometer el fraude y perjudicar a muchos ciudadanos esperanzados por la obtención de sus casas”. La denuncia fue presentada con el asesoramiento legal de Raúl Omar Ferrero. Respecto a ello Trovant indicó que llegaron varios casos, que si bien es cierto no tenían el mismo origen, les indicaban que es el momento de presentarse ante la Justicia, donde se decidió presentar dos casos en los cuales la modalidad era muy parecida.

¿Sobreprecios?

El otro tema que haría crujir el IPV y que amaga a saltar al debate público, habida cuenta las remociones e investigaciones en marcha, sería el costo que se está pagando el metro cuadrado de construcción en Chubut. De acuerdo a algunos análisis extraoficiales, las viviendas ´sociales´ de Chubut costarían a razón 6.800 pesos el metro cuadrado, alcanzando casi el valor de construcción (no de venta) que en la distinguida zona de Puerto Madero, en Buenos Aires. Este es otro de los temas que no están tan claros entre los profesionales puertas adentro del instituto Provincial de la Vivienda, y que viene generando diferencias internas.