La contratación de una consultora, con la excusa de mejorar la recaudación de la Dirección General de Rentas (DGR), divide las aguas en Casa de Gobierno.

La discusión del tema fue subiendo en intensidad y en la actualidad también lo cuestionan hasta los integrantes del gabinete. Concretamente, la fórmula que el PJ llevará en próximas elecciones, conformada por Francisco Pérez y Carlos Ciurca. Ambos ministros disienten con la aplicación de la medida.

La oposición al tema no tiene argumentos técnicos sino que se asienta en razonamientos estrictamente políticos. Mientras en el cuarto piso quieren seguir a fondo con la licitación de la consultoría, los que están en el frente de batalla y "tienen que poner la carita son los candidatos y éste no es el momento de salir con una decisión como ésta y generar un conflicto de esta magnitud", comentó un hombre cercano a los funcionarios candidatos.

Además se sostiene que "se encaró mal desde el principio y es un tema que debería resolver el gobernador que resulte electo", relataron.

El sábado, Los Andes reveló que el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, pese a sus expresiones públicas, quiere dar marcha atrás. En la misma sintonía está el director de Rentas, Rodolfo Quiroga, quien también podría dar un paso al costado si avanza la contratación. El hombre insiste en que "lo que se necesita son recursos para ir mejorando la repartición" y no apelar a este mecanismo.

"Hace rato que Rentas necesita recursos y hay que entender que dotar con mayor recursos no es un gasto sino una inversión. Si aumenta la recaudación es en beneficio de todos", indicó Quiroga.

Estas objeciones se sumaron a las que realizó todo el personal jerárquico del organismo y los empleados de la DGR nucleados en Sitea.

Otros que salieron con los tapones de punta fueron los radicales. César Biffi, presidente del Comité Provincia de esa fuerza política, sigue hablando de la "privatización" del órgano recaudador del Estado y ayer el senador demócrata Carlos Aguinaga presentó un escrito en el Tribunal de Cuentas para que "en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, prohíba la realización de este concurso".

La fórmula del PJ no es ajena a este cóctel explosivo y, si bien los ministros miran de costado el escándalo, saben que la polémica que se generó alrededor de la licitación puede dañarlos como candidatos. Tampoco están muy convencidos de la necesidad de ejecutar el plan y tienen un total desacuerdo con la modalidad en que se buscó para implementarlo.

"Si se gana, todos ganan; pero si se pierde los que pierden son los candidatos. Políticamente no está bien hacerlo ahora y se debería dejar en las manos del que gane en octubre", se dijo en el entorno de la fórmula. Otro que también estaría en desacuerdo es Guillermo Carmona, candidato a diputado nacional en primer término. "Es que roza a todos por igual", comentaron.

Según datos recogidos ayer, los funcionarios sostienen la misma línea argumental y pretenden que se discuta a la brevedad. Es más, podría ser parte de la agenda que hoy desarrollará el Gobernador Celso Jaque y sus ministros en la reunión de gabinete en San Rafael.