Anas 8.000 deudas del impuesto automotor, inmobiliario e Ingresos Brutos serán remitidos a Fiscalía de Estado para su cobro por vía judicial. Además, se enviarán 500 intimaciones extrajudiciales mientras que quince morosos serán incluidos en el Veraz, lo que les impedirá acceder a cualquier tipo de créditos en todo el país.

Así lo informó ayer a Diario El Zonda el titular de la Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia, Angel Adrián Villegas.

El funcionario indico que el organismo recaudador sanjuanino mantiene una cartera de morosos que asciende al 40 por ciento. “Es un porcentaje todavía muy alto, pero recordemos que en San Juan, históricamente, la morosidad con el Estado promediaba el 60 por ciento”.

Villegas indicó que las 8.000 deudas enviadas para su ejecución judicial corresponden a unos 3.500 morosos registrados por la DGR y abarcan deudas tanto por impuesto automotor e inmobiliario como por el pago de Ingresos Brutos. El cobro ante la Justicia debe ponerse en marcha antes de que superen el plazo de prescripción previsto por la ley, que en el caso de los impuestos es de cinco años.

A fines de 2009, el organismo recaudador provincial inició una agresiva política de cobro que incluyó la presentación de 32.000 expedientes ante la Justicia de Paz, que es la que entiende mayoritariamente en causas que no superan determinado monto. Con esta medida, el sistema judicial prácticamente colapsó, lo que obligó a la Corte de Justicia a negociar con el Poder Ejecutivo mayores recursos económicos para poder hacer frente a la saturación de causas en trámite.

“Aunque la cantidad de deudas ejecutadas implica un número considerable, los deudores en realidad son muchos menos”, explicó el director de Rentas. “Esto se debe a que cada moroso acumula más de una deuda. Las 8.000 deudas que ahora enviamos a ejecución judicial, corresponden en verdad a sólo 3.500 personas físicas o jurídicas. Igual ocurrió a fines de 2009, donde se iniciaron causas contra un poco más de 10.000 contribuyentes”.

Debido a esto, la DGR avanza en el proceso de unificación de deudas. “Gracias al entrecruzamiento de datos entre los distintos tributos que cobra el Estado provincial, apuntamos a unificar las deudas que tiene cada uno de los contribuyentes, lo que busca hacer más eficiente la gestión de cobro. Con eso lograremos también bajar en el futuro la cantidad de demandas que se presentan ante la Justicia, ya que se presentará una sola demanda por contribuyente que incluya todas sus deudas con el fisco provincial”.

Sobre la eficacia de esta estricta política de recaudación, Villegas se muestra optimista: “Si bien el cobro por vía judicial tiene sus tiempos, los tiempos de la Justicia, muchos contribuyentes al recibir la demanda se presentaron espontáneamente en Rentas para ponerse al día en sus pagos con un plan financiado de regularización”.

El funcionario resaltó además los resultados de la política de intimaciones extrajudiciales en el cobro de las obligaciones fiscales.

“De 166 contribuyentes a los que se notificó extrajudicialmente su deuda con la advertencia de que sus nombres sería incluidos en el Veraz, sólo quince serán remitidos a este clearing crediticio. El resto regularizó su situación”.

Junto con las demandas judiciales y las notificaciones extrajudiciales, la DGR ha encarado la persecución a los evasores de diversas maneras durante el último año, incluyendo una actuación conjunta con la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las rutas para el control de mercaderías en transportes de cargas y el entrecruzamiento de datos con empresas que funcionan como agentes de retención fiscal, como es el caso de las tres grandes empresas mineras que operan en San Juan.

“El inclumplimiento con los deberes fiscales es un problema cultural”, dice Villegas. “Los economistas plantean la teoría del colectivo: todos quieren viajar pero muchos evitan pagar el boleto. Esos significa que todos quieren utilizar los servicios del Estado pero gran parte no quiere contribuir a financiarlos”.

“Por eso hacemos hincapié en la educación. Actualmente, junto con la AFIP y el Ministerio de Educación , desarrollamos con estudiantes de escuelas secundarias un programa llamado Concurso de Educación Fiscal, donde les explicamos a los jóvenes la importancia de cumplir con las obligaciones impositivas porque estas permiten que el Estado pueda brindar los servicios esenciales a los que está obligado, como educación, seguridad y salud”, explicó finalmente el funcionario.