"No voy a prestar declaración. Tampoco voy a responder preguntas ni me voy a someter a ningún tipo de careos”, expresó ayer tajante el avejentado excoronel del Ejército, José María González, quien a sus 87 años (y con condena firme a prisión perpetua por el homicidio de Osvaldo Marini) junto con otro exmilitar, Jorge Diab y el expolicía, Ricardo Salomón, enfrenta un juicio por el secuestro y torturas del exintendente de Santa Fe, Noé Adán Campagnolo y el expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Rubén Dunda.

Ante la escueta respuesta, y para cumplir con las formalidades procesales, el tribunal –presidido por Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella– decidió que se leyera la indagatoria que le había realizado el juez Reinaldo Rodríguez en octubre de 2012: “Yo nunca recibí ni impartí órdenes ilegales. No voy a contestar más preguntas”, se había limitado a responder.

Así se inició ayer la primera audiencia del juicio que se tramita en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe, con González en la sala de audiencias y sus coimputados, unos pisos más abajo, en la sala de enfermería del Tribunal, quienes alegaron problemas de presión y solicitaron seguir el desarrollo del debate por teleconferencia, y así evitar la exposición a una colmada sala de audiencias y a las cámaras de los medios de comunicación. Es que ambas víctimas fueron una referencia para el PJ santafesino y ayer, hasta el presidente del partido, José Freyre, se presentó junto con Leandro Busatto, Silvina Frana, Mario Lacava y Nicolás Piazza en el inicio de las audiencias.

Para la jornada de ayer estaba prevista la declaración testimonial de un expolicía, que prestó funciones en la Guardia de Infantería Reforzada, y que vio a Campagnolo muy mal herido, por las torturas, en esa dependencia. Su relato es uno de los ejes de la acusación sobre la que trabaja el fiscal Martín Suárez Faisal; sin embargo, por problemas de salud, el testigo pidió posponer su declaración, que fue reprogramada para el lunes. También, y por un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, a cargo de Horacio Coutaz, la fiscalía solicitó que se llame a prestar testimonio a los militantes Francisco Klaric, María Cecilia Mazzeti y el periodista Guillermo Tepper.

Quien sí declaró ayer fue el propio Rubén Dunda y también su esposa, María Elizabet Cinto y los tres hijos de la pareja, quienes al momento del secuestro de su padre eran muy pequeños, pero que pudieron reconstruir los años que la familia vivió en el exilio en Paraguay y el retorno a la Argentina ya con el regreso de la democracia.

El exdiputado contó que vivía con su familia en Rosario cuando el exjefe de la policía le avisó que se estaba planeando un atentado a su domicilio. Esa misma noche, la familia abandonó la casa, que al día siguiente fue volada por una bomba. “Después de ese atentado nos mudamos a Santa Fe, pero siguieron las amenazas. Me fui a entrevistar con José María González para denunciar lo que estaba pasando y quedó en que iba a averiguar y se iba a contactar conmigo. A los pocos días, con el golpe de Estado, se convirtió en el primer interventor de la provincia y yo fui secuestrado”, detalló Dunda.

“Nos salvó ese llamado. Sino yo sería una niña muerta en la dictadura”, contó María Celeste, una de las hijas del exdiputado. “Recién un mes después de su secuestro mi mamá se enteró que estaba detenido en Coronda. Fue en esos 30 días que estuvo desaparecido cuando sufrió terribles golpizas y un simulacro de fusilamiento. Ya en la cárcel de Coronda lo pudimos visitar, pero mis recuerdos de vida cotidiana con mi papá ya son en Paraguay. A él le costó mucho conseguir trabajo. Los dos querían volver a Argentina, no estaban bien allá. Pero cuando volvimos al país, la vida posdictadura tampoco fue fácil. Siempre rondaba esa frase del «algo habrán hecho» y la condena social por ser hijo de militantes”. recordó la joven.