Debemos necesariamente analizar los bienes jurídicos en juego en el marco de un estado de derecho que se funda en el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Pues bien, por un lado tenemos la potestad de los maestros de recibir un salario acorde con las elevadas funciones a su cargo; por el otro, nada menos que el acceso a la educación. Pues bien, frente a tamaña disyuntiva debe primar un justo equilibrio que permita una proporción entre los fines que subyacen cuando se decide llevar a cabo un plan de lucha. Es decir que los medios que se utilicen no contravengan la finalidad o meta de la enseñanza que está en la base de este delicado dilema. No olvidemos, igualmente, que los derechos no son absolutos y que por lo tanto necesariamente están sujetos a determinados límites. En tal sentido, creemos que las justas reivindicaciones de unos no pueden anular el derecho de los otros y que en consecuencia deben desarrollarse dentro de los parámetros de la razonabilidad.

Así las cosas, creemos que el mantenimiento de la huelga por el transcurso de largos períodos de tiempo se desprende de esos carriles para incurrir en una suerte de abuso de derecho que para nada ayuda en su comprensión y justificación. Deben encontrarse con inteligencia otras manifestaciones de protesta que no importen la anulación lisa y llana del derecho a aprender que tienen los niños y adolescentes. Ello, sin desmedro a su combinación con la huelga, pero siempre que no sea ella la que prevalezca pues de ser así se está produciendo una clara violación sin solución de continuidad de otro derecho fundamental de interés de toda la población. No olvidemos que en la base de toda construcción democrática encontramos la necesidad de equilibrio y mesura que permiten una convivencia civilizada, de lo contrario nos internamos en modalidades que más allá de sus buenas intenciones, entorpecen esa forma de vida.