El documento que difundieron ayer los organismos de derechos humanos de Córdoba, al conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, contiene un par de definiciones que sintetizan de manera palmaria el alineamiento de esos sectores frente al incipiente escenario electoral: p or un lado, blanquean su demorada ruptura con el gobernador Juan Schiaretti y, por otro, ratifican su incondicional apuesta al gobierno de Cristina Fernández.

La militancia dura de las entidades de derechos humanos venía dejando a Schiaretti a salvo de los zamarreos que sí le prodigaba a José Manuel de la Sota. Al ex gobernador no le perdonarán haber dicho, en 2004, que si las madres hubiesen cuidado a sus hijos no habrían sido víctimas de la sangrienta dictadura militar.

En cambio, con Schiaretti tenían una relación de respeto, aunque cruzada por una conveniencia. El Estado cordobés fijó un presupuesto destinado a los organismos humanitarios y, además, incorporó a la administración pública a referentes de esas entidades, que cumplen tareas en dependencias creadas para mantener viva la memoria de lo que sucedió durante los años de plomo, como el Archivo Provincial de la Memoria. Pero no hubo nunca una coincidencia ideológica con el gobernador.

Esa cuestión no resuelta tuvo su desenlace ayer. Encuadraron a Schiaretti entre los gobiernos “antipopulares” y lo criticaron por “derramar lágrimas” por los desaparecidos mientras su policía apalea a los estudiantes secundarios.

En tanto, consideran que la revisión del pasado ha sido posible por las “decisiones políticas” del Gobierno nacional. Un cambio de rumbo y de estilo de cara a las urnas que se vienen.