En su nueva presentación, según trascendió, el representante del Ministerio Público sumó nuevas pruebas y amplió la fundamentación de su planteo, entre ella documentos que prueban el nexo de Romero con la empresa Avión Sur S.A., la cual controla el hangar y a su vez pagó la mansión de Romero en Castellanos.

El pedido ya se encuentra en manos de la vocalía dos de dicha sala, a cargo de la flamante jueza, María Victoria Montoya, quien en los últimos días juró como titular en dicho cargo.

Como se recordará, en mayo pasado, el desalojo fue interpuesto en el marco de la causa penal elevada a juicio contra Romero por los delitos de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública, acusaciones que también pesan sobre el ex director de Aviación Civil, Ricardo Funes; el ex secretario General de la Gobernación, Raúl Romeo Medina y Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador y presidente de la empresa Finca La Represa S.A., utilizada para concretar la autocesión del hangar.

Antes de dejar el gobierno, Romero concluyó una maniobra iniciada en agosto del año 2007, cuando dieron curso a un pedido formalizado por una de sus empresas, Finca La Represa S.A., presidida por su hijo, a fin de quedarse con un hangar de Aviación Civil.

La intención del ex gobernador, según la causa penal, consistía retener un privilegio propio de la gobernación, como el uso del hangar para sus aeronaves.

Para ello, y con la complicidad de su hijo, Funes y Medina, Romero autorizó la adjudicación del hangar a la empresa Finca La Represa S.A.

Esta sociedad, según probó posteriormente el ex fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, era controlada por otra empresa: Avión Sur S.A., cuyo socio mayoritario es nada menos que Romero, con lo que quedó probada la maniobra ilegal desplegada para perjudicar al Estado.

Por ello, el 29 de abril de 2013, Akemeier requirió el enjuiciamiento de Romero y sus cómplices, pero el ex gobernador se valió de su ex hombre de confianza, el ahora juez Federal 2, Miguel Medina, para plantear un litigio de competencia y frenar el juicio.

Puras intenciones

En abril pasado, el juez Ignacio Colombo, en remplazo del vocal 2 de la Sala II del Tribunal de Juicio, Carlos Pucheta, quien se jubiló, decidió impulsar el juicio contra Romero y los otros imputados, razón por la cual dispuso las primeras medidas a fin de que el debate se sustancie, sin embargo, cuando González Miralpeix, planteó el desalojo como una medida correctiva y destinada a hacer cesar el delito, tal como lo exige el artículo 230 del Código Procesal, el magistrado evitó resolver el desalojo.

Tampoco lo hizo el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien llegó después de Colombo para cumplir un remplazo en esa sala. Según trascendió, ninguno de estos dos jueces quiso resolver el planteo de desalojo, sino que prefirieron que ese asunto sea resuelto por el juez titular de ese cargo.