Una parte de los manifestantes que sostuvo el acampe de protesta en la Plaza Rivadavia, frente al Palacio Comunal, se mantenía anoche dispuesto a permanecer en el mismo lugar, aun cuando llegaron a un acuerdo con la comuna para la recepción de diversas ayudas sociales.

La prolongación del conflicto, según los acampantes, se debe a que, del total de 136 familias, hay un grupo de 11 que se encuentra en situación de calle, sin una posibilidad concreta de alojamiento hasta mañana.

Ante ese panorama, y a pesar de los pedidos del municipio de levantar la protesta que ya lleva once días --el campamento se había desarmado el viernes--, muchos decidieron reinstalar las carpas en la plaza como una forma de solidaridad.

Andrea Zapata, una de las voceras del grupo, confirmó que todas las familias del campamento estuvieron de acuerdo con los ofrecimientos del municipio.

"Fueron varias cosas, según la necesidad particular de cada familia. Por ejemplo, a algunos les ofrecieron arreglarles la casa, a otros les daban los materiales y a los que están en situación de calle les dijeron que les van a alquilar un lugar a partir del lunes (por mañana)", explicó.

"La verdad es que el ofrecimiento le gustó a todos. Lo que pasa es que quedaron 11 familias, con un total de 35 personas, que no tenían dónde ir a dormir, porque no les pudieron encontrar un lugar para el sábado (por ayer) y domingo (hoy).

"Entonces nosotros, como compañeros, no vamos a dejar a esas familias, porque empezamos una lucha todos juntos y vamos a terminarla juntos. No podemos desunirnos", remarcó.

Por su parte, el titular del bloque de concejales oficialistas, Santiago Mandolesi Burgos, acompañó ayer por la tarde al grupo de funcionarios de la secretaría de Desarrollo Humano que formó parte de los relevamientos sociales que se realizaron en la plaza.

"Tal como estaba previsto, las asistentes sociales hicieron una entrevista familia por familia porque entendemos que la solución no es colectiva sino individual, teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada uno.

"A partir de allí, se abordó cada necesidad con un programa social de la Municipalidad, que podía ser una ayuda para alquilar o hacer un mejoramiento habitacional a través de materiales o un microcrédito y, por supuesto, dejarlos anotados para la posibilidad de futuros sorteos de casas de Plan Federal o terrenos del Plan Hábitat", precisó el edil.

Consultado sobre el reclamo de quienes decidieron quedarse en la plaza por ese grupo de 11 familias, Mandolesi Burgos explicó: "Hasta donde nosotros trabajamos, se relevó a todas las personas y estamos seguros de que no quedó gente en situación de calle. Lo que había hacia el final era una postura más de carácter político intransigente, en la cual solicitaban las casas como única solución, pero ya les habíamos explicado que eso es imposible y que tenían a disposición, al igual que el resto de los vecinos con necesidad habitacional, los programas sociales de la comuna", puntualizó.

Los adjudicatarios no están pagando la cuota

El 80% de los 587 adjudicatarios que recibieron viviendas del Plan Federal en nuestra ciudad no está cumpliendo con el pago de las cuotas, con montos mensuales que se ubican entre 125 y 250 pesos.

El porcentaje fue dado a conocer desde la secretaría de Economía del municipio y se mantiene en ese orden desde hace seis meses, cuando los beneficiarios comenzaron a recibir las primeras chequeras de pago emitidas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Este bajo índice repercute de manera directa en la posibilidad del municipio de invertir dinero en la construcción de nuevas viviendas --tal es el destino de esa recaudación-- ya que, de acuerdo con el convenio establecido con la Provincia, necesita alcanzar un porcentaje de cobrabilidad del 40% para, a partir de ese valor, quedarse con el 60% de la recaudación. Si alcanzara un 60% de cobro, esa retención se elevaría al 70%.

Esto significa que si todos los que habitan las viviendas pagaran su cuota, el municipio estaría en condiciones de construir una casa por mes. Al no llegarse a los porcentajes indicados, ni siquiera puede generar un ahorro con fines habitacionales.

En la actualidad deberían pagar sus viviendas los habitantes de las 85 unidades del barrio San Martín, las 172 de Villa Esperanza, las 183 del barrio Spurr, las 22 de General Daniel Cerri y las 125 de Vista Alegre, unidades que se comenzaron a entregar en 2009.

En los primeros dos casos los ocupantes deben completar el pago de 300 cuotas de 250 pesos, en Spurr 453 cuotas de 125 pesos, en Cerri 300 de 250 y en Vista Alegre 200 de 245.

En algunos casos, el Instituto de la Vivienda está enviando cartas de intimación por la falta de pago o el atraso, aunque todavía no se inició ninguna acción legal.