La presidenta Cristina Fernández firmó un decreto por el cual instruye a la Secretaría de Comunicaciones a que en el plazo de 30 días fije pautas de calidad para las empresas de telefonía móviles y sanciones en caso de no cumplirse. En tanto, en caso de incumplimiento, las sanciones irán desde multas económicas hasta la caducidad de la licencia. También se evalúa como castigo por baja calidad de servicio prohibir la venta de nuevas líneas telefónicas.

En este marco, para conocer el porcentaje que demandan en la Defensoría del Consumidor local las denuncias o reclamos por mal servicio de las empresas de telefonía celular y la cantidad de casos recibidos por mala gestión, La Opinión dialogo con el defensor del consumidor, Hernán Albisu, quien además resaltó la importancia de que las empresas de telefonía celular se consideren un servicio público.

Problemas

Un estudio reciente reveló que en Argentina hay más cantidad de celulares que habitantes (40 millones) y el mercado se reparte entre Movistar (España), Personal (Argentina) y Claro, del magnate mexicano Carlos Slim. En tanto, en Trenque Lauquen, en la Defensoría del Consumidor, el año pasado, de los 1.200 reclamos que se recibieron el 50 por ciento fue por telecomunicaciones, y de ese total el 80 por ciento fue por cuestiones ligadas a la telefonía móvil.

La telefonía celular, por tratarse de un servicio masivo, tiene problemas con la facturación y la comercialización. “Se ha actuado de oficio y se multó a una de las empresas”, dijo Albisu, y contó que “una de las empresas es más problemática que las otras y esto está vinculado a la cantidad de líneas que se han vendido en nuestro medio, por ejemplo”, agregando que en sus oficinas se ha trabajado mucho en inconvenientes con la empresa Claro.

Las distintas actuaciones se deben a que el servicio genera inconvenientes y que no se está prestando de la mejor manera, ya sea en lo que hace a la atención al público como en el servicio técnico, tal como explicó Albisu.

A su vez, el abogado detalló que en la oficina de Defensa del Consumidor se tiene mayor cantidad de trabajo por el bajo rendimiento de las empresas de telefonía celular y dijo respecto a las medidas que “cualquier intento de mejoría es bueno”, haciendo referencia al mencionado anuncio de la presidenta. “Es un anuncio reciente y habría que ver de qué manera se implementa y conocer cuáles serán las medidas que se van a tomar”, señaló.

Servicio público

En este marco, Albisu aseguró que un paso importante es que la telefonía celular se declare como servicio público. “Para esto hay un proyecto en el Senado de la Nación que estipula que las empresas tengan un mayor control por parte del Estado y se instrumenten pautas de calidad de servicio de manera imperiosa”, comentó.

Además, agregó: “En todas las oficinas de Defensa del Consumidor tenemos muy presente todo lo que es telecomunicaciones, porque es el mayor trabajo diario que tenemos”.

También explicó: “No es algo que nos interesa particularmente, pero tenemos mucha demanda de atención y reclamos de las empresas de telefonía celular, en definitiva lo que notamos es que las oficinas de Defensa del Consumidor funcionamos como oficina de reclamos de esas empresas”.

El reclamo de las medidas se ampara en el hecho de que la telefonía celular es más amplia que la telefonía fija y es necesario, según dijo Albisu, que “se tomen medidas entre otros puntos, en la parte técnica y en la instalación de nuevas antenas, ya que la capacidad en el país sigue siendo la misma que la de años atrás, cuando había muchas menos líneas”.