Si bien el imputado aclaró que el medio de transporte era utilizado para realizar esas tareas, el juez de Instrucción Favio Igoldi, entendió que el ex funcionario de la gestión de Carlos Peralta había incurrido en el delito de malversación de fondos, atento a que el dinero tenía un fin específico.

Los hechos investigados por el juez de Regina sucedieron el 17 de septiembre de 2004, cuando a través de la resolución municipal 2711/04 se autorizó la compra de una camioneta Fiat Fiorino, dominio BWD 834.

Según la denuncia, la operación se concretó en clara "violación" a lo estipulado en el contrato firmado por el ex intendente Carlos Peralta y el Ministerio de Educación, (con validez del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004) que implicaba que los fondos tenían como único fin el mantenimiento de los edificios escolares.

En su indagatoria, Rayó argumentó que la compra del vehículo -que costó unos 12.000 pesos- tuvo como único objetivo mejorar las prestaciones teniendo en cuenta que era utilizado como medio de transporte en el mantenimiento de las escuelas.

Entre otros aspectos, recordó que la comuna no contaba con un parque automotor adecuado para prestar ese servicio y que la posibilidad de alquilar un vehículo resultaba costosa.

Aclaró que fue el propio ex intendente el que tomó la decisión de adquirir el vehículo que se compró, incluso, a nombre del Consejo Provincial de Educación y no del municipio de Regina. Ratificó además que efectivamente se utilizó el dinero de la partida extra presupuestaria 910 -"reparación locales escolares"- para su adquisición.

Procesamiento

Igoldi entendió que existen méritos para procesar a Rayó como co autor del delito de "malversación de caudales públicos", según el artículo 260 del Código Penal que reprime con inhabilitación especial de un mes a tres años para el funcionario que diera un fin diferente a aquellos caudales que administre. En la causa también había sido involucrado el ex secretario de Gobierno, Carlos Vazzana, aunque el juez entendió que no existe mérito para involucrarlo. En el caso del ex intendente Carlos Peralta, un informe médico forense indicó que su delicado estado de salud no le permitía ser indagado.

Igoldi solicitó al Ministerio Fiscal que se investigue el accionar de los funcionarios de Educación quienes terminaron convalidando la compra de un vehículo, sabiendo que se estaba utilizando una partida presupuestaria que tenían un fin específico.