Por Luisa Corradini

PARÍS.- La Unión Europea (UE) parece totalmente resuelta a dar marcha atrás con su política de inmigración, aunque esto signifique terminar con los acuerdos de Schengen, suspender de ese reducido club a uno de sus socios o expulsar masivamente a la mayoría de los solicitantes de asilo.

Esa impresión surge en forma clara de una serie de medidas adoptadas esta semana por la Comisión Europea (CE), órgano ejecutivo de la UE, y de las amenazas proferidas por el bloque contra Grecia, acusada de no respetar su obligación de controlar sus fronteras en forma estricta.

Reunidos el lunes en Amsterdam, los ministros del Interior de la UE reaccionaron severamente a un informe del mes de noviembre que acusa a Atenas de "no proceder a la identificación efectiva de migrantes regulares" mediante el registro de huellas dactilares, así como al estricto control de documentos de identidad que deben ser obligatoriamente ingresados en una base de datos europea.

Los ministros dieron a Grecia tres meses de plazo para corregir esas falencias. Si ese ultimátum fracasa, los otros 25 miembros del espacio Schengen podrán instaurar controles fronterizos interiores.

Grecia aprecia poco estas nuevas acusaciones. Objeto de todas las desconfianzas, agotado en el terreno económico, ese país ha recibido 45.000 nuevos migrantes desde comienzos de año. Ayer, un nuevo drama marítimo provocó la muerte de 24 personas, entre ellas diez chicos. Para el ministro de Política Migratoria griego, Iannis Mouzalas, son debidamente controlados entre 80% y 90% de los migrantes, contra 50% hace cuatro meses. En voz baja, Atenas considera que se ha convertido en la excusa ideal de los europeos para dar un golpe de gracia a Schengen.

El indicio más claro de esa nueva tendencia fue el anuncio formulado por la CE en la reunión del lunes en Amsterdam, cuando reconoció que podría suspender durante dos años los acuerdos de Schengen sobre libre circulación de personas que engloba a 26 de los 28 países miembros de la UE.

Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria y Francia instauraron controles durante seis meses, igual que Noruega -que no integra la UE-, mientras que Polonia se apresta a instalar puestos en sus fronteras.

Ese endurecimiento de la posición europea con los migrantes traduce la inquietud creada por una situación que escapó totalmente de control. Se calcula que en 2015 en total ingresaron a Europa casi un millón y medio de extranjeros. La CE reconoce que, lejos de mitigarse, esa situación se agravará en los próximos dos años y calcula que el total de personas que huyen de la guerra y de la pobreza llegará a tres millones a fines de 2017.

En Turquía hay actualmente por lo menos 2,2 millones de refugiados que huyeron de los conflictos de Siria e Irak y que -en su gran mayoría- esperan el momento de poder viajar a Europa. A pesar de los recientes acuerdos concluidos con la UE, Turquía se convirtió en el principal punto de partida de los refugiados que tratan de llegar a Europa. La mayoría lo hace justamente a través de Grecia.

Para poner término a ese flujo, la UE comenzará a desalentar con todos los medios disponibles a los candidatos a obtener la residencia en Europa. El primero de esos recursos consistirá en rechazar las solicitudes que no tengan una verdadera justificación de carácter político.

Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión y brazo derecho del presidente Jean-Claude Juncker, afirmó que los migrantes económicos representaban "aproximadamente 60%" de las últimas olas de personas que llegaron a Europa y sólo 40% podían ser considerados como refugiados políticos.

"Sólo las personas que cumplen con las condiciones necesarias para reclamar una protección internacional podrán permanecer en Europa", precisó.

Así, el gobierno de centroizquierda de Suecia anunció ayer que se prepara para deportar decenas de miles de refugiados, cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas.

De las 163.000 personas que entraron a Suecia en 2015, pueden ser expulsadas hasta 80.000, estimó el ministro del Interior socialdemócrata, Anders Ygeman. Según las estadísticas, el 55% de las solicitudes fueron aceptadas (sobre todo las presentadas por sirios), mientras que hubo 45% de rechazos, en particular afganos e iraquíes.

La UE desea aprovechar la acelerada pérdida de simpatía que sufrió la causa de los refugiados en las últimas semanas. La situación se agravó después del impacto psicológico negativo que provocaron los episodios de violencia del 31 de diciembre en Alemania y otros países europeos cuando grupos de refugiados robaron, golpearon, acosaron e incluso agredieron sexualmente a numerosas mujeres durante los festejos de fin de año.

Ese comportamiento desarmó a los organismos de ayuda a los refugiados y, al mismo tiempo, aumentó la influencia y la popularidad de los movimientos racistas y xenófobos que militan contra la llegada de extranjeros.