La organización de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) si bien consideró positivo que se haya instaurado el debate sobre lo que se denominó la "democratización de la Justicia" por parte del kirchnerismo, se mostró crítica en torno a parte de los proyectos sancionados para tal fin, puesto que no se garantizaría lo declamado desde las usinas oficialistas.

Al respecto, la ONG indicó que "un poder judicial democrático debe ser un órgano abierto en la toma de sus decisiones, que garantice el derecho de toda persona o grupo de utilizar de una manera igualitaria los mecanismos que ofrece el sistema democrático para defender sus derechos y resolver sus conflictos de manera individual o colectiva. Es este el horizonte hacia el que, entendemos, debe dirigirse un proceso democratizador de la justicia".

En tal sentido además , se sostuvo que iniciativas tales como la publicidad de las declaraciones Juradas y de los actos procesales, como así también el ingreso por concursos, implican fisuras importantes respecto del tradicional "hermetismo judicial", habilitando la participación, el acceso a la información y el control de los actos públicos.

Sin embargo, la directora ejecutiva de ANDHES, Josefina Doz Costa, agregó que "ese efecto democratizador de los proyectos encuentra límites, por ejemplo, en las reglas de conformación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura dado el mantenimiento del esquema bipartidista, y la selección y sanción de jueces por mayoría simple, en tanto se crean las condiciones para que una sola fuerza política tome las decisiones del Consejo sin necesidad de dar una discusión democrática".

Paralelamente, se aseveró que ninguno de los proyectos "apunta ni aborda la ampliación del acceso a la justicia de los grupos vulnerables, al tiempo que la redacción del proyecto de limitación de las medidas cautelares, deja espacio para interpretaciones restrictivas del juez sobre derechos fundamentales, frente a la obligación de garantizar del Estado", aclaró la entidad.

Finalmente, entre los cambios de fondo que ANDHES considera necesario instrumentar, mencionó a la regulación de las acciones colectivas, la descentralización de la justicia, la remoción de barreras culturales, la implementación de un sistema de asistencia legal gratuito efectivo y la reforma procesal penal, con la oralización y desburocratización de los procesos penales.