“En un país que adopta como forma de gobierno un sistema democrático representativo, republicano y federal debe prevalecer el respeto a las leyes y normas que lo rigen, para lo cual se debe preveer desde el poder Ejecutivo sea nacional o provincial la independencia presupuestaria para que el sistema judicial funcione como corresponde y con la independencia que requiere”, destacaron.

“Desde nuestra vivencia podemos manifestar que no se trata de cambiar leyes ni códigos, por mas obsoletos que ellos parezcan, está visto que lo que nos sucede en nuestra provincia tiene más que ver con el hombre que debe impartir justicia con honestidad, honorabilidad, agilidad y transparencia que con la fría letra de un código o ley que debe respetar”, advirtió la entidad.

Recordó que en Jujuy en 2011 se modificó y puso en vigencia un nuevo código procesal penal y que “nadie, ni el oficialismo ni los que se dicen oposición hablaron que con su puesta en marcha se abriría un Juzgado llamado Residual, donde 128.000 causas de todo tipo blanqueadas por la Justicia, producto de la falta de investigación desde homicidios, violaciones a malversaciones de fondos por parte del estado provincial, todas pasarían a depender de dicho Juzgado hoy monumento a la impunidad, dado que cientos de dichas causas ya prescribieron y otras estarían afinando las resoluciones para dictar su prescripción e indultar a delincuentes que hoy gozan de buena salud y que por la nula investigación muchos ni siquiera fueron procesados como para decir les pintaron los dedos para que al menos tengan una mancha en su prontuario.

Los auto-convocados lamentaron que “hoy muchos deben festejar la impunidad en nuestra querida provincia dado que varios pueden gozar de dietas y sueldos como funcionarios y que todos pagamos. Es por ello que nos preguntamos para qué modificar códigos, leyes u ordenanzas si las que hay en vigencia no se respetan y mucho menos se cumplen”.

La organización sostuvo que “es verdad que nuestra provincia tiene un código de faltas que debe ser modernizado y que peticionamos en el año 2008 al poder Judicial su reforma, ya que el juez sería el jefe de Policía y si a ello le sumamos que al Jefe de Policía lo nombra el ejecutivo provincial de acuerdo a conveniencia, por ende la obstrucción y/o cajoneo de expedientes a investigar que pudiesen salpicar al poder y a sus socios, pasarían inadvertidos”.

Recordó que el fiscal general Alejandro Ficoseco “dio la escalofriante cifra de 600.000 mil expedientes en comisarías sin resolver y que por más leves que sean las denuncias los ciudadanos y las víctimas denunciantes merecen el respeto y que no se vulneren ni violen sus derechos humanos, derechos garantizados por nuestra Constitución”.

“Más allá de un 24 de marzo instituido por este gobierno nacional sentimos que discrimina a las víctimas de un sistema con otro cuando el común denominador es la justicia ciega, corrupción e impunidad”, señaló el documento que lleva las firmas de María del Valle Lazarte, Marta Burgos de López, Mario O. Gomez y Silvia G. Saavedra