En el peronismo creen que sería bueno que sus jefes comunales encabecen las listas de convencionales constituyentes si avanza el proceso para modificar la Constitución. Buscan arrastre territorial.
Pero hay otro atractivo en la constituyente. Hay que cubrir 86 bancas, por lo que en las listas partidarias deberían sumarse más de 50 aspirantes a debatir la futura reforma. De los que entren, de acuerdo a los avatares del sistema D´Hont, los que no tengan otros cargos políticos gozarán de un sueldo durante el tiempo que dure la convención. De acuerdo al artículo 222 de la Constitución, la convención debe durar como máximo un año.
El proceso de reforma de la Constitución aún no está lanzado oficialmente, pero si lo está desde lo discursivo. El PJ empuja todos los elementos simbólicos que puede y el último de ellos fue la resolución que presentó el senador sciolista Gustavo Valls, pidiéndole al gobernador Francisco Pérez que reflote el proceso que abrió Roberto Iglesias en el año 2001.
El escenario está planteado. El PJ así apura reformar la Constitución provincial sin discutir una nueva ley que declare la necesidad de tal cambio. Al evitar este tratamiento, se evita el dolor de cabeza de juntar dos tercios de los votos de ambas cámaras, número que hoy es imposible de reunir. Pero también se evita someterla ahora a una consulta popular que defina si se hace o no la reforma y que podría resultarle negativa, lo tanto dejaría sin nada en sus manos al oficialismo.
Para eludir esos dos debates, el legislativo y el popular, el PJ intenta reflotar la ley 6.896 aprobada el 28 de abril de 2001, durante el gobierno de Roberto Iglesias y sometida a referéndum, votación popular que superó el 50% de los votos emitidos, pero no la mayoría que la jurisprudencia indica (ver aparte). Esa norma declara la necesidad de la reforma parcial de la Carta Magna mendocina, aunque esa "parcialidad" sea casi un eufemismo, debido a que esa ley contiene una vasta cantidad de temas a reformar.
El hecho de que esa norma haya sido aprobada hace doce años está en la base de los argumentos en contrario de la oposición. Y también la principal esperanza. "Yo creo que Pérez no va a avanzar", dice el senador radical Juan Carlos Jaliff. Más duro es otro senador, Carlos Aguinaga: "Hay que ver si Pérez se anima a cometer esa tropelía".
Así es que los principales partidos de la oposición están en espera de la decisión de Pérez y por ahora no hay señales de que lo vaya a hacer, aunque hay acuerdo generalizado de que no tiene mucho tiempo para definirse. Todos los consultados asumen que el llamado a elecciones de constituyentes debería hacerse a más tardar a mediados de junio, de manera tal que el calendario electoral de la provincia encaje perfectamente en el nacional, siempre que el Gobernador no desdoble.
Mientras la oposición está en espera, el PJ avanza en lo que puede avanzar. Así pues, en el llamado a internas se incluirá la elección de los convencionales y piensan en la estrategia electoral que les permita poner en las boletas los nombres de los intendentes.
De acuerdo al artículo 221 de la Constitución vigente, la convención que debata la reforma estará compuesta por 86 convencionales, que se seleccionan igual que los diputados provinciales. Esto es, se elige por distrito electoral, para garantizar que todos los habitantes de Mendoza tengan representación.
Si es igual que los diputados, pero con un número superior (casi el doble), entonces debería ser como una lista de diputados multiplicada por dos. Habitualmente la Cámara Baja se renueva por mitades, por lo que cada dos años se eligen 24 escaños divididos por los cuatro distritos electorales en los que se encuentra dividida la provincia. Entonces, en total, las listas de los convencionales deberían sumar 48 aspirantes por partido, más la mitad de suplentes. Es decir, 72 candidatos en total.
Se trata de muchos cargos por un año de debate. Es casi una solución para arrimarle a todos los que se quedan afuera del reparto en las listas para las elecciones generales.
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