Javier De Luca se toma su tiempo para reflexionar sobre cada punto de los proyectos enviados por el Ejecutivo para avanzar sobre la denominada “democratización de la Justicia”. Le apasiona pensar en el rol que debe cumplir el derecho penal y no calla su rechazo a lo que denomina la “corporación judicial”. Invitado para disertar en la Facultad de Derecho de Mar del Plata sobre la criminalización de la protesta social, el fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal criticó la “desmedida” reacción de algunos sectores de la oposición durante el debate en el Congreso, a la que tildó de “disparate”, y dejó entrever que le hubiese gustado participar de la redacción de los proyectos. Sin embargo advirtió que sin una oposición “seria y responsable”, el producto “sale mal elaborado”.

La charla abierta se llevó a cabo días atrás en el séptimo piso de la Facultad. Javier De Luca y el juez de Garantías en lo Penal Juan Tapia, estuvieron a cargo del encuentro que contó con un alto número de participantes que presenciaron el debate sobre la criminalización de la protesta social y la injerencia del derecho penal en este tema.

El fiscal aseguró que encuentra “cierta superficialidad y liviandad” en el tratamiento de estos temas desde el punto de vista del derecho penal que, a su entender “no soluciona nada en estos casos” y por ende, “no debería aplicarse” en protestas, toma espacios públicos, cortes de ruta, o cualquier otro tipo de protesta social.

Pero la consigna que lo trajo a la ciudad fue la excusa perfecta para explayarse luego sobre el debate en torno a la reforma de la Justicia, tema sobre el que guarda una opinión formada de antemano y para el cual apela a chicanas y a la ironía, a fin de criticar a quienes se oponen al debate “a libro cerrado”.

De Luca integra el colectivo “Justicia Legítima”, un sector conformado por abogados y funcionarios del Poder Judicial que rechaza el accionar “retrógrado” de lo que él denomina la “corporación judicial”.

El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal reconoció que no participó activamente en la conformación de los proyectos de reforma que envió el Ejecutivo, pero dejó ver entre líneas sus ganas de haber formado parte de la redacción de los mismos.

Así, advirtió que -con un debate sesgado- “lo que salió es un primer paso, algo muy inicial”, tendiente a “comenzar a generar procesos de modernización de distintos estratos de la Justicia, esencialmente para darle una pátina de republicanismo, de democratización y de participación ciudadana”.

El además profesor de la Universidad de Buenos Aires se detuvo a analizar el rol que jugaron algunos sectores de la oposición durante el debate en el Congreso.

Dijo en este sentido que “algún nervio debe haber tocado porque la reacción de los sectores que no quieren que se cambie nada, que están cómodos y no advierten ningún problema en todo esto, es desmedida, un disparate”.

A su criterio, “los proyectos fueron demasiado rápidos”, pero advirtió que esto tiene una explicación. “No es la primera vez que la oposición no ofrece debate”, alertó y en la misma línea analizó: “Se oponen a libro cerrado. Entonces, todo pierde categoría. La discusión es de psicología de peluquería. ‘Ella o yo’. ‘Ella o él’. No sé cómo hacen para entender el móvil del conjunto de personas que proyectó eso, en lugar de sentarse y discutir”.

Acto seguido, reconoció que “sin una oposición seria y responsable que nos represente a todos, el producto no sale bien elaborado”.

LA REFORMA EN DETALLE

Mucho trascendió públicamente durante las últimas semanas sobre el debate y las posturas enfrentadas en torno a los proyectos enviados por el Ejecutivo para “democratizar” a la Justicia, pero el protagonismo de la discusión pasó por encima del contenido de la reforma.

Javier De Luca intenta salir de esa contradicción y explica qué cosas podrían discutirse para “modernizar” algunos estratos de la Justicia.

“Se podría discutir cómo se hace una elección popular de consejeros de la Magistratura, cómo se logra que una medida cautelar no sirva a los intereses de los más poderosos, sino que sirva a los de los más vulnerables. Ahora, eso en la práctica no va a lograr que un juez que tenga determinada ideología resuelva de una manera o de la otra. Lo vienen haciendo y lo seguirán haciendo”, dijo en primer lugar.

Pero al mismo tiempo el fiscal dudó que la reforma pueda modificar estos puntos. Dijo, por el contrario, que “las declaraciones juradas ya las publicamos. Saben hasta los calzoncillos que tenemos, salvo que estemos por izquierda. El ingreso a los tribunales por concurso: yo me he pasado la vida concursando”.

“Hay gente -continuó- que por el tema de los concursos está molesta porque dice que no puede nombrar a empleados o funcionarios de confianza. No entiendo cuál es el concepto de la palabra confianza. ¿Qué quiere decir? Un muchacho de la banda o un profesional técnico con el que entablo una relación laboral. ¿Por qué tengo que conocer de antemano o designar a un empleado? Este es un modelo que no va más. Hace 30 años el derecho procesal civil y el penal proponen que los jueces no tengan empleados; que los empleados sean del Poder Judicial; que ellos lleguen a un lugar a resolver un caso y se encuentren con una unidad administrativa que no dependa de él. Los profesores de gestión judicial ya lo tienen resuelto el tema”.

CUESTIONAMIENTOS

Por otro lado, en cuanto a los cuestionamientos que sufrió la reforma, De Luca consideró que en primer lugar que “lo del Consejo de la Magistratura es por ver quién maneja la caja” y aclaró que “este es el problema neurálgico: quién maneja la administración y el presupuesto”.

A su vez, en relación a las medidas cautelares, sostuvo que los cuestionamientos se produjeron “porque piensan que se le va a sacar a los jueces alguna potestad de dictar medidas cautelares cuando él considere que se está produciendo un daño por la lesión de un derecho constitucional que merece urgencia en su tratamiento o resolución”.

Advirtió, en este mismo sentido, que las críticas “sorprenden bastante”. Primero, “porque se confunde la medida cautelar con el derecho de amparo”. Segundo, “porque el derecho de amparo nació sin ley en la Argentina”. Tercero, “porque no hay ley que regule las medidas cautelares en el ámbito federal”. Y cuarto, “porque si hay alguna situación de urgencia o injusticia evidente, no hay ningún juez al que una ley le impida aplicar una medida cautelar”.

Para cerrar la entrevista, De Luca instó a la reflexión con un mensaje en principio pesimista, aunque cargado de optimismo para las generaciones futuras. Prácticamente negado a que el cambio profundo dentro de la Justicia pueda concretarse en el corto plazo, aseguró: “En 30 años ustedes tal vez podrán ver un país donde se discutan las cosas en serio, pero ahora las cosas hay que hacerlas un poco a la fuerza porque el otro no se presta a ceder cuando el otro tiene razón o mayoría”.