La primera cosa que será bueno recordar es que el actual Código Penal nació entre los años 1921 y 1922, gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen,y sirvió y funcionó durante casi un siglo. Este código fue modificado innumerables veces a lo largo del tiempo y esa es la causa, según los especialistas, de la necesidad de la reforma. En ese sentido, se mencionan a las llamadas “leyes Blumberg” como las que más lo desnaturalizaron.

Es evidente la intención política-electoralista de semejante despliegue mediático, pero como siempre sucede en estos casos no existe la mínima posibilidad de arribar a conclusiones útiles para la sociedad; es decir que nada cambió ni habrá de cambiar, cosa que por otra parte todos saben. Por caso, vale la pena señalar que no se abordaron ni siquiera mínimamente las causas que generan la delincuencia, no se habló de los abismos sociales, tampoco de prevención predelictual, de prevención delictual, menos de la real capacidad o incapacidad de punición estatal. Solo de las intenciones, que por supuesto no compartimos, de un anteproyecto de reforma del Código Penal.

En cambio se habló, pero muy poco, de los principios que la impulsan, y en ese sentido no puede obviarse que la presidencia de la comisión redactora fue dejada a cargo del juez de la Suprema Corte, Raúl Zaffaroni. Esta reforma está realizada a la medida de sus principios teóricos que son los mismos que propugna desde sus cátedras. Se considera al delincuente como una víctima emergente de un sistema social injusto, en vez de interpretar que debieran ser responsables por sus actos. En ese sentido y en todo este tiempo se habló equivocadamente de garantismo, cuando en realidad se trata del abolicionismo nórdico de Louk Hulsman, Nils Christie y Thomás Mathiesen, entre otros; es más, hasta se puede afirmar que el gobierno al dar este paso está siguiendo el gradualismo recomendado por Christie. De nada vale recordar hoy, que hace ya mucho tiempo señalamos que la presencia de Zaffaroni como integrante de la Suprema Corte sería contraproducente para la Justicia argentina, pero en esos tiempos todos eran kirchneristas y estaba todo bien.

Hemos caído en la trampa -y no me refiero a la participación en la comisión redactora de Gil Lavedra o de Federico Pinedo y de otras personalidades miembros de partidos ajenos al gobierno, probablemente realizada con la mayor buena voluntad-, porque en nuestra opinión estamos discutiendo teorizaciones cuando debiéramos estar condenando la realidad en materia de inseguridad ciudadana en la que los diversos gobiernos peronistas y aquellos que fueron sus funcionarios tienen mucho que ver.

Por caso, el candidato Massa habla de la posible liberación de los reincidentes, y eso es verdad, pero ese discurso carece de sentido debido a que menos de un 2 por ciento del total de las causas penales llegan a juicio y de estas no todas reciben sentencias condenatorias. Es decir que el 98 por ciento de los autores de algún delito penal jamás tendrán alguna sentencia que haga que, de volver a delinquir, se conviertan en reincidentes (porque reincidente es aquél que ya tiene una condena y vuelve a ser juzgado por otro delito). Pero además, la consideración de la reincidencia al momento del dictado de sentencias está siendo atacada desde el pensamiento jurídico y político; y aún más, existen registros de reincidencia pero no de reiterancia, queremos decir con toda claridad que un delincuente puede tener causas abiertas en varios departamentos judiciales pero no necesariamente se le acumularán o se relacionarán, y esto es debido a diversas razones, pero entre las principales se encuentra las falencias en materia de archivos e intercambio informático.

Ahora bien, debiéramos exponer crudamente los diversos aspectos que hacen a la inseguridad, comenzando por el diagnóstico más descarnado del panorama nacional y lo mismo hacer en todas las provincias y municipios, y para ello abordar los siguientes puntos aunque no excluyentemente: situación socioeconómica; desintegración familiar; cinturones de pobreza; favelización de sectores de ciudades; penetración del narcotráfico; situación sistema judicial; situación sistema carcelario; situación de las fuerzas de seguridad ciudadana; situación de institutos para menores; situación de organismos para la recuperación de drogadependientes; estado sistema educativo; estado sistema de salud; anomia ciudadana; nombramientos políticos en la justicia; clientelismo, corrupción y connivencias varias.

La actual realidad en materia de inseguridad es responsabilidad de los gobiernos peronistas que tuvo y tiene nuestra provincia, pero además es absolutamente claro que los responsables de este estado de cosas son incapaces de dar respuestas ya que dan vueltas como en la noria sobre los mismos temas.

Recientemente en nuestra ciudad la señora diputada Camaño cometió lo que definimos como un acto fallido o un “sincericidio”, al decir que la inseguridad llegó para quedarse, demostrando claramente la ausencia de soluciones y de ideas.

Creemos fervientemente que estas reformas al Código Penal fueron pensadas desde una visión ideológica errónea para este tiempo y para nuestro país, pero además tienen un aspecto práctico ineludible aunque trágicamente negativo, sirven para descomprimir la sobrepoblación carcelaria, sin duda acentuarán el desarrollo del narcotráfico, fundamentalmente el narcomenudeo y están destinadas a garantizar impunidad para funcionarios.

Es lapidario tan solo mencionar las estadísticas penales por departamento judicial; del mismo modo la cantidad de plazas disponibles en los institutos penales, el estado de hacinamiento de los mismos, la cantidad de detenidos en comisarías y en penales sin condena, etcétera. En verdad este ovillo se debiera comenzar a desenredar por la Justicia. Si de inmediatez se tratase, se debería incrementar el número de sentencias; de nada sirve que la policía detenga a los delincuentes si luego no llegan a juicio o estos se dilatan in eternum.

Es verdad que la policía presenta graves falencias, pero entonces qué decir de la Justicia, y por último, en caso de que las dos -Justicia y policía- funcionen aceptablemente bien, debiéramos preguntarnos dónde se van a internar a los condenados, porque no hay lugar en los penales, y ésta última es una de las verdaderas causas del intento de reforma al código; tanto es así que se está buscando afanosamente se acepten las llamadas penas alternativas y se pretende extenderlas cada vez más, al igual que los arrestos domiciliarios.

Lo anterior es la enumeración de algunos tópicos pero de la última parte del problema de inseguridad. La falta de atención a las condiciones que favorecen el surgimiento de nuevos delincuentes no está, ni estuvo, en la agenda de los gobiernos peronistas de los últimos 27 años en la provincia.

EN LA PROVINCIA

La discusión en la provincia no puede abarcar las leyes de fondo en materia penal, pero sí al Código de Procedimiento, y en ese sentido tenemos mucho que decir. En el año 1999 el entonces senador provincial Ernesto Cladera, fue autor de una iniciativa, luego mejorada en comisiones con la adición de otros tópicos, a través de la cual se modificó el Código de Procedimiento Penal en su artículo Nº 171, Denegatoria de Excarcelaciones. Ni más ni menos que la famosa puerta giratoria. La idea era restringir la posibilidad de excarcelaciones a los “reiterantes” en el delito, ya que “reincidentes” hay muy pocos dada la escasa cantidad de causas que llegan a sentencia como ya se dijo. Esto dio lugar a la ley 12.278.

Luego de su sanción se sucedieron no menos de una docena de modificaciones al código, hasta llegar a la ley 13.449 que definitivamente quita los tópicos que habíamos introducido y por supuesto a la figura del reiterante; dejando en cambio conceptos genéricos como causa para denegar la excarcelación. Es importante señalar que esta ley es del año 2006, gobierno de Felipe Solá, quien -tema aparte- en su momento tomó las mismas medidas que ahora quiere implementar el gobernador Scioli, y nos referimos a decretar la “emergencia en seguridad”, aunque aquél gobernador lo hizo solo para los partidos del gran Buenos Aires y como se pudo comprobar tampoco aportó soluciones, como tampoco las dará ahora esta nueva “emergencia”.

Solá venía de la “mano dura” del gobernador Ruckauf, luego se ablandó igual que la legislación y ahora parece que otra vez, por lo menos en el discurso, Scioli apela a lo anterior. Son evidentes una vez más los vaivenes de los gobiernos peronistas.

Ahora bien, el actual gobernador dijo recientemente que había enviado proyectos denegando la excarcelación para quien use un arma de fuego para delinquir y otros proyectos agravando penas. Todos estos proyectos van en el mismo sentido que los que anteriormente derogaron. La opinión del gobernador describe perfectamente su nivel, ya que desde la provincia no se pueden agravar penas, como se sabe, eso corresponde a la legislación nacional de fondo, y con referencia a las armas, aún compartiendo su opinión, la medida es absolutamente insuficiente.

METAS

Debiéramos hablar de metas, nada tan importante y serio como eso. Las metas tienen que ser reales y cumplibles, nada de andar mintiendo y prometiendo “inseguridad cero” o “tolerancia cero” con el estado en que se encuentra la Justicia y la policía, decir eso es falso. Pero quizá se pueda proponer elevar ese magro 2 por ciento de causas llevadas a juicio a un 20 o un 30 por ciento, en cuyo caso habrá que analizar y modificar todos los instrumentos y las estructuras jurídicas del estado que fueren necesarios; pero en verdad, sobre lo que hay que trabajar, y una vez más lo reiteramos, es sobre las condiciones que generan la aparición de nuevos delincuentes y ese es una tarea mancomunada pero eminentemente local.

(*) FRANCO COMINOTTO es concejal de la ciudad de Olavarría por el Frente Amplio UNEN.

(¡) Las opiniones y comentarios publicados en esta sección son de entera responsabilidad del autor/a. Por lo tanto, vale aclarar, Agencia REALPOLITIK es simplemente un instrumento de difusión de las ideas aquí reflejadas.