Apenas han pasado 4 días desde que asumió y la oposición ya anunció que pedirá que el Daniel Tagarelli, flamante subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, asista a la Comisión Bicameral de Seguridad para que dé explicaciones de lo que declaró luego de asumir el jueves pasado, cuando dijo a los medios de prensa que “todavía existen bolsones de tortura” en algunas comisarías mendocinas.

En realidad el anuncio de la convocatoria a la Legislatura lo hizo el viernes el senador radical Juan Carlos Jaliff a menos de 24 horas de los dichos de Tagarelli, pero aún no se concreta por el feriado largo. “El miércoles por la mañana haré entrar la nota de pedido para que el funcionario vaya a la Bicameral”, confirmó Jaliff, añadiendo que, a su entender, el gobernador, Francisco Pérez “ya le tendría que haber ordenado que lleve esa denuncia a la Justicia” porque, como ya había expresado, “involucra a toda la institución policial”.

Si bien Tagarelli no se sintió convocado aún, porque no le llegó “ninguna notificación”, resaltó ayer que no tendrá ningún problema en asistir al encuentro. Corroboró sus dichos, aunque los contextualizó a la época en que aún no era funcionario público. “Uno siempre conoce denuncias en su rol de defensor de los Derechos Humanos”, dijo el ex secretario de DDHH de Luján, y también ex preso político.

“Ahora, como funcionario público, si hay denuncias, intervendremos; por supuesto que vamos a investigarlo”, agregó, recordando que la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la que remplazó al renunciante militante de La Cámpora, Juan Manuel González, “es querellante en una resonante causa reciente”, en referencia al caso de Leonardo Rodríguez, joven que semanas atrás fue hallado muerto, ahorcado, en dependencias de la comisaría 27ª de Godoy Cruz.

Un tema delicado

La reacción de Jaliff ante los dichos de Tagarelli, podría ser tomada como una mera actitud de oposición política. Pero esas palabras han generado cierta controversia en el Ministerio de Seguridad.

“Creo que ha sido desdichada la forma de decirlo”, señaló el subsecretario de Relaciones con la Comunidad de ese ministerio, Alejandro Gil, quien trató de minimizar el hecho al decir que “no debe dársele mayor importancia”, pero que consideró que cualquier funcionario que haga ese tipo de declaraciones “tiene la obligación de hacer la denuncia porque, si no, genera un rumor que afecta a la Policía”, enfatizando que la denuncia ayudaría a evitar “que se desprestigie a la institución policial”.

En similar sentido opinó Mariana Herrero, presidenta de la Inspección General de Seguridad, organismo que controla la tarea de policías y comisarios. “No tenemos expedientes sobre vejaciones o torturas en las comisarías”, señaló, aunque reconoció que “ha habido casos esporádicos de violencia policial” que fueron denunciados oportunamente. Además señaló que ha habido casos determinados de

“negligencia policial”, pero desde su percepción “en los últimos 3 años ha mejorado el desempeño policial”. 

Tagarelli fue un militante de izquierda en los ‘70 y de muy joven sufrió cárcel, torturas y hasta estuvo detenido en el ex D2 y en el centro clandestino de detenciones de la Compañía de Comunicaciones.

Ya en democracia se dedicó a defender los Derechos Humanos, tarea que nunca dejó y que hasta estos días realiza. “Hemos generado muy buenas relaciones con las comisarías de Luján, capacitando a policías en la temática de los Derechos Humanos”, ejemplificó el hoy subsecretario.

Con ese aval, representantes de organismos específicos entienden sus dichos. “El de las torturas es un tema muy delicado que no debe tratarse a la ligera”, explicó Fabricio Imparado, de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, organismo independiente de los distintos poderes del Estado.

Según Imparado, “los dichos de Tagarelli no son irresponsables, porque en estos casos conviene generalizar y no mencionar el caso particular en público”, ya que si se dan datos específicos o nombres, “se coloca a la víctima de tortura, en una situación de desprotección”.

De todos modos, desde su visón “sería interesante preguntar a Daniel adónde ha percibido estos hechos o de dónde obtuvo la información”, para que se haga la investigación respectiva. Resaltó que con las tareas que realiza la comisión que dirige, “se puede concluir que en las comisarías de Mendoza sí hay abusos”.

Tagarelli marchará hoy  hasta el D2

Tan sólo cinco días después de haber asumido como subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Tagarelli participará esta tarde de la marcha de los organismos de derechos humanos que rematará en el D2. Según confirmó el propio funcionario “iré como todos los años con mi compañera, mis cuatro hijos y mi nieto venezolano, todos militantes”. Recordó que con su esposa “cuando teníamos 19 años, éramos novios y nos tuvimos que despedir por un simulacro de fusilamiento, en Boulogne Sur Mer y Lencinas”.

Tagarelli asumió sus funciones el jueves pasado en remplazo de Juan Manuel González, uno de los militantes de La Cámpora que presentó su renuncia y criticó al gobernador Francisco Pérez porque aún funciona en el D2 una dependencia policial y no en el ‘espacio de la memoria’ previsto en un decreto hace un año.

“El reclamo de los organismos es justo y el centro cultural y espacio de la memoria estará en 90 días, cuando se habilite el edificio Cóndor. No es fácil trasladar 200 efectivos. Si esperamos 40 años. ¿Cómo no vamos a esperar tres meses más?”, se preguntó Tagarelli. “El Gobernador siempre nos cumplió. Además es un amigo y a un amigo no se lo deja solo”. Subrayó que “derechos humanos no sólo es ‘memoria, juicio y castigo’. También es profundizar derechos económicos, sociales y culturales”.

La UCR reclama la asunción de Puertas en la IGS

A finales de setiembre del año pasado, se conocía la noticia de que el veterano abogado y político radical, Leopoldo Orquín, renunciaba a su cargo de director de la Inspección General de Seguridad (IGS), por la oposición. 

Por esos días también se conocía que la UCR ya tenía decidido un nombre para remplazar a Orquín: el del abogado penalista y también militante radical, Marcelo Puertas, que ya había tenido experiencia pública cuando ocupó los cargos de secretario técnico en la Dinadyf y también director del penal de Boulogne Sur Mer (gestión de Julio Cobos).

Pues bien, después de casi medio año de aquel anuncio, Puertas sigue sin poder asumir su cargo en este organismo que tiene entre sus integrantes a referentes especializados de todos los partidos con representación parlamentaria.

Por eso el Comité Provincia de la UCR, a través de su presidente, Sergio Pinto, ha conminado al gobernador Francisco Pérez para que “en un plazo no mayor de 10 días hábiles” resuelva esta situación, reservándose el derecho de actuar “civil y penalmente” si el Ejecutivo hace caso omiso de esta petición.

Se trata del segundo reclamo que el radicalismo hace de esta irregularidad ya que, según el mismo texto de esta última queja, ya hubo una nota de similar tenor el 25 de noviembre del año pasado.

En la actualidad la presidencia del IGS la tiene el justicialismo, en la persona de Mariana Herrero, mientras que las otras dos direcciones en funcionamiento están ocupadas por el ex legislador Diego Arenas, del Partido Demócrata, y por Norberto Parma, representante de Unidad Popular. Tanto Arenas como Parma fueron cuestionados tiempo atrás por pertenecer a partidos que tienen una escasa participación legislativa (2 diputados el PD y un senador UP), en lugar de otras fuerzas, como el FIT que tiene cuatro legisladores provinciales.

A eso se suma que el radicalismo, principal fuerza de la oposición, no tiene aún su representante. “Entiendo que no ha habido mala voluntad política y la demora es por cuestiones administrativas”, señaló Herrero a Los Andes, quien igualmente se excusó de dar más opiniones porque la situación “depende del Poder Ejecutivo”.