La Cámara Baja de Brasil aprobó antes de ayer, por abrumadora mayoría, un proyecto de enmienda constitucional que prohíbe la reelección para los cargos de presidente de la República, gobernadores y alcaldes.

La propuesta de eliminar la posibilidad de reelección incluida en 1995 en la Constitución brasileña fue votada en la noche del miércoles y recibió 452 votos favorables y 19 contrarios. 

Resulta imposible no traer estas circunstancias a lo que ocurre en la provincia y a pesar de que en la Argentina se ha puesto límites a las ambiciones desmedidas de algunos políticos, Formosa sigue siendo una isla en cuanto a modificar comportamientos concentratorios del poder.

El gobernador Gildo Insfrán, durante su segundo mandato impulsó una reforma constitucional que le permitió la reelección indefinida. Así, entonces, el mandatario ocupa el máximo cargo desde 1995, abarcando cinco períodos de cuatro años, con lo que lleva 20 años en el poder y más de 30 ejerciendo cargos en la función pública.

DIlma Rousseff empieza a ser condicionada porque la reelección es una posibilidad que se cierra y el presidente de la FIFA Joseph Blatter eternizado en el poder está a punto de ir preso

La Constitución Nacional, en el caso del Presidente, y las provinciales, en los de gobernadores, son las que suelen poner límites a las algunas veces desmesuradas ambiciones de dirigentes políticos. Resulta indudable que el poder seduce y que por ese motivo todos quienes lo detentan intentan mantenerlo, aún a costa, en algunos casos, de forzadas interpretaciones respecto del texto constitucional o bien impulsando iniciativas, vía modificación de la Constitución, como sucedió con la pretendida -no abierta pero sí velada- intención del oficialismo respecto de la actual Presidenta y que no alcanzó sus objetivos porque no contó con los votos suficientes en el Congreso de la Nación.

Cultura política pobre

Pero basta recorrer las características típicas de un gobierno reeleccionista para entender como se ha empobrecido la cultura política: Una provincia con fuertes concentraciones de poder político que favorecen prácticas autoritarias, nepotistas, clientelares, todo ello -generalmente- dentro de contextos de grandes asimetrías y desigualdades sociales es la consecuencia. 

Para el investigador Alberto Föhrig, “los gobernadores son extremadamente poderosos porque no sólo son dueños del poder político, sino del económico y del mediático”. Mayorías parlamentarias amplias y control del poder judicial, son los rasgos institucionales restantes que garantizan un esquema concentratorio del poder.

Pero hay más, la alternancia en el poder, clave de un sistema democrático, se ve resentida por la presencia de reelecciones que afectan la competitividad electoral. Según CIPPEC, las provincias donde la reelección del gobernador no está permitida casi no tienen ventaja oficialista (el ejemplo puede ser Santa Fe), y en las que la reelección es indefinida, la ventaja del partido gobernante es muy pronunciada y por tanto, tienen oposiciones más débiles y poderes más concentrados: “la reelección indefinida es la frutilla del postre de un esquema que ha empobrecido la cultura política”. 

En esos contextos las reglas del juego impiden que se formen partidos opositores que puedan alcanzar el poder y por tanto, violan precisamente, una de las clásicas reglas oro de la democracia expuestas por Norberto Bobbio: junto a la regla de la mayoría, la democracia no debe limitar los derechos de las minorías, “particularmente el derecho a convertirse, a su vez, en mayoría, en paridad de condiciones”.

Santa Fe ha avanzado positivamente en torno a las reformas electorales, convirtiéndose en precursora de esas innovaciones. Derogó en el año 2004 la nefasta “ley de lemas” e implementó antes que en la Nación, primero las Paso en el 2007 y luego la boleta única en el 2011, dando lugar a la participación popular para la nominación de los candidatos en el caso de la primera de las iniciativas y logrando transparencia, equidad en la competencia electoral y autonomía del ciudadano, con la modificación de su sistema de votación.

FIFA, concentración de poder y corrupción

“Es importante que ahora se produzca un cambio. Hemos informado a la FIFA que someteremos nuestra colaboración a revisión” fue la declaración pública de la empresa de tarjetas VISA la cual constituye hasta ahora la más clara de las reacciones de los patrocinadores de la FIFA tras la detención de funcionarios del directorio de esa asociación. También los otros cinco socios más importantes de la FIFA expresaron su disgusto luego de conocerse el escándalo de corrupción. La automotríz surcoreana Hyundai se mostró “extremadamente preocupada por las medidas legales tomadas contra algunos de los directivos de la FIFA”. El fabricante alemán de artículos deportivos Adidas, por su parte, se quejó de las consecuencias que acarreará el escándalo, que “no serán buenas ni para el fútbol, ni para la FIFA, ni para sus patrocinadores”, dijo un portavoz de Adidas, que hace un año y medio prolongó su contrato de patrocinio con la mayor asociación del fútbol.

Visa, Hyundai y Adidas son, además de Nike, Coca-Cola y Gazprom, los patrocinadores permanentes de la FIFA. McDonald’s y Budweiser, por su parte, la apoyan durante los mundiales de fútbol.

La concentración de poder que se denuncia a gran escala se reproduce, con sus propias formas e intensidades, en los niveles inferiores del sistema. Pero más aún, el constitucionalista Lucas Arrimada encuentra esas conductas y pautas más allá de la política: en las propias instituciones de la vida civil. Afirma: “Esos patrones de la concentración de poder (personalismo, atomización, verticalismo, juegos de suma cero, etc.) se pueden ver reproducidos no sólo en las “instituciones políticas” sino también en los partidos políticos (especialmente aquellos que depende de “figuras públicas”), en la propia Corte Suprema, fuerzas de seguridad, la AFA, la CGT, entidades periodísticas, ONG’s, universidades públicas y privadas, facultades, centros de estudiantes, bancos, empresas privadas, corporaciones, la administración de los más “cercanos” consorcios, entre otras. 

Es decir, si hasta las más diversas instituciones sociales locales (o “micro”) reproducen esos defectos que se observan a nivel nacional (macro), debemos pensar que resulta claro que el problema no es exclusivamente de la clase gobernante o la clase política (que tiene un grado de responsabilidad especial y mayor, cuyas exigencias y controles deben ser siempre más elevados) sino de un patrón cultural del que excepcionalmente se puede escapar o se escapa con prácticas contraculturales y contracorrientes”.

Si bien las pautas culturales no se modifican con el mero dictado de una ley, sí pueden ensayarse diseños institucionales que ayuden a modificar comportamientos concentratorios del poder, en donde la reelección indefinida de los funcionarios electos por el voto popular aparece como una consecuencia “deseada” más no necesariamente conveniente.

La periodicidad de los mandatos, entre otras virtudes, tiende a romper la continuidad de pactos, arreglos y -por qué no- negocios, no siempre respetuosos de la ley y la ética pública y del reconocido intento de esos poderes de influir, cuestionar y muchas veces, condicionar a los gobiernos democráticos. Dicho de otra forma: la concentración y la perpetuidad en el poder favorece prácticas corruptas que erosionan la legitimidad democrática.

Cuanto más monopolizado está el poder, más perpetuo es el gobierno de los hombres, más se aleja la provincia de Formosa de aquellas conquistas históricas cuando el estado de derecho nació sustancialmente para poner límites al poder concentrado de las monarquías absolutas, vitalicias y hereditarias. Como consecuencia más cerca se está de los estados autocráticos.

El ideal de los dictadores que rompen la legalidad democrática es precisamente la aspiración a la perpetuidad en el poder; el ideal republicano y democrático debiera ser el de la limitación y el de la periodicidad en el ejercicio de las funciones. Fuente: Dr. Oscar Blando/CIPPEC