Casabella solicitó “el apartamiento de los jueces titulares de esta Cámara para entender cualquier cosa sobre Lona, dada su opinión siempre a favor de su desproceso contrario a las leyes y jurisprudencia vigente”.

El letrado, que comparte la querella con su colega Martín Avila, centró su pedido en el sobreseimiento que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta otorgó a Lona en 2010, luego “revocado por la Cámara Nacional de Casación Penal”, y en otras decisiones del tribunal, una de ellas revocada por la Corte Suprema.

Los camaristas Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada resolvieron el sobreseimiento de 2010, al hacer lugar a la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa de Lona.

Lona está imputado en la causa por la ejecución de 11 presos políticos en julio de 1976 en Salta, conocida como la Masacre de Palomitas, y en otra por el secuestro y homicidio del gobernador salteño Miguel Ragone, depuesto en noviembre de 1974 y secuestrado el 11 de marzo de 1976.

También se le imputa que omitió investigar y archivó denuncias por privaciones ilegítimas de la libertad, desapariciones de personas y homicidios que llegaban a su conocimiento, entre ellas la de Julio Víctor Apaza, en su carácter de único juez federal de Salta durante la última dictadura.

“En virtud de ello, y sin afectar las cualidades personales de los magistrados recusados, solicitamos su apartamiento en cualquier trámite que de Lona se trate pues ya conocemos su opinión en favor de su desproceso”, insistió Casabella en el escrito de la recusación.

Además, señaló que esta opinión de la Cámara Federal salteña fue “vertida en tres oportunidades, para sobreseerlo (a Lona) en las causas Ragone, Palomitas y la acumulada 627, resoluciones todas revocadas por Casacion, y en el caso de Palomitas, revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Lona cumple detención domiciliaria hasta que se determine si su estado de salud le permite cumplir con la prisión preventiva que le dictó el pasado 23 de octubre el juez federal de Tucumán, Fernando Poviña, como partícipe necesario de los delitos implicados en la Masacre de Palomitas.

Once prisioneros políticos fueron fusilados el 6 de julio de 1976, durante un supuesto “traslado” desde el penal provincial Villa Las Rosas, en el paraje Palomitas, a unos 50 kilómetros de la capital de Salta y a la vera de la ruta nacional 34.