El director general de Bosques y Parques de la provincia,Manuel Peralta, habló del decreto 268 y dijo que “apuntaba a resolver una problemática puntual de las comunidades del interior”.
La determinación del gobierno permitirá que “los legisladores participen en la respuesta a quienes hace tanto tiempo están pidiendo una solución”, dijo el funcionario al precisar que dicha medida se toma en función “que se estaba creando un clima de controversia, inusual y sin ningún fundamento”.
En esta línea y en torno a los alcances del instrumento legal, Peralta dijo que fue creado para la resolución de una problemática “peticionada por intendentes y cientos de ciudadanos” en la que “no pueden no sólo regularizar la situación de muchos vecinos, sino tampoco dar legalidad a ocupantes, algunos de hace muchos años”, indicando que “se llegó finalmente a impulsar una herramienta para solucionar esta situación y lamentablemente ha sido muy fustigada por lo que el Ejecutivo decide dar una revisión”, sostuvo.
“Muchas veces no se puede regularizar la situación porque el municipio no tiene el dominio de esas tierras, esto es a lo que apuntaba básicamente este decreto”, explicó Peralta y agregó que “si bien se tuvo que suspender el alcance de este decreto quiere decir que el gobierno además de estar atento a dar respuestas, escucha a la gente, ve que hay un sector que no está conforme y que está diciendo las cosas como no deberían decirlas”.
Además, en torno a esta política proteccionista de Chubut, el director general de Bosques y Parques recordó que nuestra provincia, junto con Río Negro y Neuquén, recibió en 2007 “la nominación internacional de Reserva de la Biósfera”.
Manifestó en este marco que en Chubut hay “varias reservas forestales, no una sola, que conforman un corredor de 250 mil hectáreas que son creadas por decreto de este gobierno, por esta gestión” e indicó que sumadas a las superficies de los Parques Nacionales Los Alerces y Lago Puelo “se conformó un corredor legalmente protegido de 500.000 hectáreas y eso está protegido para nosotros, para las generaciones que nos van a suceder y para las que vengan en el futuro”.
La UCR insistió en no desvirtuar el debate
sobre las tierras con bosques en municipios
El polémico decreto N° 268/11 sobre el manejo de tierras públicas con bosque nativo en ejidos municipales, finalmente suspendido por 60 días para ser debatido en el ámbito parlamentario, fue objeto nuevamente de tratamiento en la Legislatura Provincial por iniciativa del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical.
El Radicalismo justificó la decisión en “la necesidad de insistir y aclarar la verdadera cuestión de fondo del tema” en alusión a la defensa del bosque nativo para las futuras generaciones y en las derivaciones que tuvo un encuentro programado con intendentes municipales cordilleranos, abordadas en la tarde del mismo miércoles por el diputado Santiago Cárdenas (PROVECH) en declaraciones periodísticas.
La discusión parlamentaria tuvo un inesperado desenlace cuando se tomó conocimiento, a través del diputado radical Carlos Lorenzo en uso de la palabra en ese momento, que el Poder Ejecutivo Provincial había dispuesto la suspensión por 60 días del cuestionado decreto y el envío del tema para su análisis en la Legislatura Provincial.
El gesto tuvo el reconocimiento del bloque radical, cuyos integrantes habían planteado en numerosas oportunidades la posibilidad de que “el gobernador haya sido sorprendido o sobrepasado, por no decir engañado”, al firmar el decreto 268 del pasado 10 de marzo.
En su intervención inicial, Lorenzo consideró que “estamos en un momento precioso para resolver definitivamente esas zonas grises legislativas”, tal como describió al estado jurídico de la problemática, y planteó la urgencia de un abordaje general que, a su juicio, no se vio reflejado en el encuentro con los intendentes municipales celebrado en la mañana del miércoles en la Legislatura. “El decreto 268/11 involucra a El Maitén, El Hoyo, Epuyén, Esquel, Trevelin, Corcovado. Río Pico, Río Senguer pero sus intendentes no estaban. Solo fueron los de Lago Puelo, Iván Fernández, y de Cholila, Miguel Castro, en uso de licencia y electo por un nuevo período”, expresó para refutar la fundamentación del planteo de una discusión jurídica en una cuestión práctica, “en una necesidad de desarrollo urbano de varios de estos pueblo que no es cierta”.
“La mayoría de los pueblos no tienen problemas. Seguramente en Lago Puelo haya que resolver algunos pero, por otro lado, tratar de fundamentar que el bosque nativo haya impedido el desarrollo urbano de Cholila es una gran mentira”, afirmó Lorenzo, corroborando, por otra parte, que los graves problemas de desarrollo urbano de El Hoyo “no son culpa del bosque nativo”.
Lorenzo pidió que “no se desvirtúen las cuestiones” y defendió la permanencia de la conducta por parte de la Unión Cívica Radical al responder a lo que llamó “patrañas y mentiras dichas en forma parcializada” por parte de defensores de la medida oficialista. “Las cosas hay que decirlas con verdades pero con verdades enteras”, aseguró.
“Hemos reconocido dificultades históricas en el manejo de las tierras públicas con bosque nativo. No hemos señalado con el dedo en ningún momento a la gestión de Das Neves. Es más, no hacemos responsable al gobernador de este decreto, sino a quienes lo asesoran o al autor intelectual”, apuntó.
Revisar últimas décadas
Lorenzo reivindicó el proyecto de ley presentado en la sesión del pasado martes, “donde se lee –dijo- que la intención política del bloque de la Unión Cívica Radical es una propuesta de revisar los últimos cuarenta años, en lo que entran todos los signos partidarios, para tratar de recuperar el bosque nativo para lo que pensó el constituyente: las futuras generaciones”, propugnando “meterle pasión” a esta tarea en los próximos ocho meses, con un abordaje real de la temática.
Mencionó luego “a estos dos personajes que –puntualizó- vinieron ayer como intendentes municipales” a quienes atribuyó el intento en 2005 de ampliar los ejidos municipales con intenciones de negocios inmobiliarios.
El legislador radical anticipó además la decisión radical de plantear un conflicto de poderes en la justicia y auguró la presentación de amparos por parte de vecinos para derogar el decreto 268/11. “Es más –continuó- vamos a presentar un proyecto de ley para su derogación”, advirtiendo que “no miden el conflicto político en que han metido al gobernador por una intencionalidad de dos personas: Iván Fernández y Miguel Castro”, subrayó. “Tengo la certeza de que estas cosas hay que decirlas con verdades que no se están diciendo. Y estoy seguro que el gobernador ha sido sorprendido, al igual que el bloque mayoritario y el joven inexperto asesor legal que tiene el gobierno”, aseveró.
Aludió también a la presencia de los intendentes cordilleranos con el asesor legal Dr. Julio Traverso. “No hay un solo expediente en materia de bosques en el que el hombre no haya estado patrocinando al que peleaba contra el Estado”, puntualizó.
“Ha intervenido toda la vida en todos los expedientes de bosques, respetando desde ya la labor profesional, pero no tiene porqué venir a fundamentar un decreto provincial el asesor legal del municipio de Lago Puelo”, continuó.
“Quién es Julio Traverso?”, se preguntó Lorenzo, apelando a la búsqueda en Internet donde aparece como representante regional de la Inmobiliaria Nordheimer (Negocios Inmobiliarios, Campos y Estancias con ofrecimientos de lotes y volvió a interrogarse: “Cómo es posible que el asesor legal del Municipio de Lago Puelo venga a decirnos que el decreto 268 es intachable desde lo jurídico y sea el representante de la agencia que está vendiendo todos los terrenos que son parte de lo que significa ese mismo decreto?”, expresó.
Precepto constitucional
“El bosque es patrimonio del pueblo del Chubut en su conjunto y la Constitución es sagrada”, aseguró luego el presidente del bloque radical, Roberto Risso, al referirse al artículo 105 que requiere una mayoría especial legislativa para la cuestión de los bosques nativos. “Estamos dispuestos a debatir la problemática de cada una de las localidades. Es lo que debiera haberse hecho y no venir a intentar faltarnos el respeto”, continuó. Risso recordó el artículo 105 de la Constitución Provincial que establece que el bosque nativo es de dominio de la Provincia y agregó la parte del texto que determina que “una ley general determina regula la enajenación del recurso, la que requiere para su aprobación el voto de los cuatro quintos del total de los miembros de la Legislatura”, agregando que “la misma ley establece las restricciones en interés público que deben constar expresamente en el instrumento traslativo de dominio, sin cuyo cumplimiento éste es revocable”.
Consideró que “se equivoca si alguien cree que podrá hacerse rico con los bosques nativos del Chubut con ese decreto”, al que auguró una segura caída”, y comprometió la participación del bloque radical en el tratamiento de las cuestiones vinculadas con cada una de las comunas. “Lo que nos vamos a permitir es que desaprensivos se enriquezcan a costa del patrimonio de los chubutenses”, señaló, al momento de presentar un proyecto de ley para derogar el decreto 268/11.
ATE
Sigue vigente el reclamo de legislar para
regularizar la enajenación de bosques nativos
En la antevíspera y sin conocer que el Ejecutivo Provincial finalmente derogó el Decreto 268/2011 begin_of_the_skype_highlighting 268/2011 end_of_the_skype_highlighting, referido a la afectación de tierras fiscales con bosques nativos, los delegados de ATE, en representación de los trabajadores de la Dirección General de Bosques y Parques, pusieron a consideración de la comunidad toda su “indignación por la promulgación” de la citada norma, considerándola “anticonstitucional” y como “grave amenaza al patrimonio público”. Esta posición, tomó amplia repercusión en su momento y, además de solicitar la “urgente derogación del Decreto 268/011 y el debate con participación de la sociedad y los legisladores para cumplir con lo establecido por el Art. 104 de nuestra Constitución”, desde ATE, se pidió “suspender el otorgamientos de títulos de propiedad de tierra con bosque nativo hasta la creación de la ley general establecida en el art. 105 de la Constitución”, como también “legislar la ley general que regule la enajenación de los bosques nativos” y sancionar normas legales necesarias para lograr la seguridad jurídica de las tierras reservadas por el Estado Provincial.
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