También se atendió a padres que concurrieron a reclamar por la pronta reanudación del dictado de clases en defensa de los derechos de los niños/as a aprender y educarse.

En respuesta, el Defensor del Pueblo Víctor Galarza, manifestó: “estamos en presencia de un conflicto social de derechos, ya que se encuentran enfrentados el derecho a un salario digno y el derecho de los niños/as a la educación; ambos derechos reconocidos constitucional e internacionalmente”.Agregó que por el conflicto social de derechos que vive en estos momentos la provincia, previo a cualquier medida que se pueda adoptar, resulta necesario hacer un llamado a la reflexión de las partes para que de manera urgente e inmediata se arribe a un acuerdo que respete no sólo los derechos e intereses de las mismas, sino que también garantice los derechos de los niños, niñas, adolescentes y padres que están siendo afectados por las medidas de fuerza.

Convencido de que el conflicto se debe solucionar a través del dialogo entre las partes, el Defensor se encuentra trabajando en una presentación judicial para el caso de que el conflicto continuara; a fin de que la Justicia dirima esta colisión de derechos constitucionales que en definitiva no sólo involucra a los docentes y al Estado Provincial -que es quien debe garantizar el derecho a la educación-, sino que involucra también a los alumnos/as de las escuelas públicas y a sus núcleos familiares.