El canon irrisorio de 10.080.85 pesos que paga por mes la concesión del complejo gastronómico parque España, con seis unidades de negocios en la franja de la costa central que se extiende sobre la barranca del río entre Dorrego y Presidente Roca, sigue generando polémica. Desde el Concejo, que el año pasado cuestionó las condiciones que ostenta, se reavivaron críticas contra la pasividad de la Municipalidad para encarar una reactualización y revisión del contrato. El Frente Para la Victoria apura el proyecto de regulación de concesiones, que establece un debate parlamentario previo a la adjudicación definitiva.

Las críticas volvieron a recrudecer luego de que el domingo pasado La Capital diera cuenta del insólito uso de los juegos infantiles de una plaza que hace un gimnasio muy selecto ubicado en Presidente Roca y el río. El lugar (The Planet) ocupa un espacio municipal, cobra abonos y algunos días de la semana da clases en la placita.

Esa acción trajo aparejado un viejo debate. En uno de los lugares más selectos de la ciudad, los concesionarios del municipio abonan cifras irrisorias para explotar esos espacios.

El edil Rodrigo López Molina (PRO), que presidió la comisión que revisó las concesiones otorgadas por la administración local, definió el caso del parque de España como emblemático. "Hay una cuestión de necesidad política o económica de recurrir a la inversión privada, pero lo único que hacen es premiarla, porque nace como una necesidad pero no por convencimiento, y termina en tremendos desaguisados", definió.

Por los seis negocios que integran el espacio (parrilla Don Ferro, salón de fiestas, bar Flora, playa de estacionamiento, gimnasio The Planet y el recientemente otorgado restobar Ríomío) se paga un canon mensual de 10.080.85 (según la cifra actualizada a 2013).

Está a cargo de una sociedad de hecho (primero fue una SRL) conformada por "PR Emprendimientos y Servicios". Comenzó las actividades en junio de 2003 y tiene contrato de explotación por 15 años más 5 de prórroga (vence en junio de 2018). Según el Ejecutivo, hizo una inversión en obra pública para mejorar el sector de 1.600.000 pesos.

Precisamente, la inversión que hizo el privado más su mantenimiento es el argumento oficial para defender el contrato, cuyas particulares condiciones fueron objeto de extensos debates y encontronazos en el Palacio Vasallo durante el 2013.

Cuestionada. López Molina recordó que "fue una de las concesiones mas cuestionadas y se sustentó en tres ejes: el canon, el gimnasio dentro de la unidad de negocios (no estaba en el pliego de la licitación) y el cambio de la sociedad (de SRL a SH)".

Además, uno de los puntos más álgidos es precisamente la desactualización de la renta. "Cuando preguntamos por este punto y si paga por el ingreso que recibe, determinamos que el canon incluye dos rubros: obra pública y mantenimiento, eso fue lo más cuestionado, además del siete por ciento de la facturación, que se modificó al 7 por mil", recordó el concejal.

Más allá de que lo catalogó como un caso de referencia para "no cometer errores en futuras licitaciones", se mostró mesurado a la hora de aventar un reconsideración contractual. "Plantear una reactualización o modificación unilateral del canon podría traerle problemas jurídicos al municipio, y provocar un perjuicio a la ciudad", indicó, al tiempo que se mostró de acuerdo con las articulaciones entre el Estado y los privados.

Recalculando. Por su parte, Roberto Sukerman (FPV), sí considero la posibilidad de la renegociación. "Está siempre vigente, porque la Municipalidad tiene el derecho de instar al concesionario a actualizar el contrato, que de hecho se rubricó en una época en la cual el país estaba quebrado. Es una decisión que no puede formar parte de la discrecionalidad, no tiene que ser una actitud unilateral, sino consensuada", aclaro.

En su visión, "se está usufructuando un lugar de privilegio con un monto irrisorio", y al diferenciarse de López Molina, estimó que "es absurdo pensar que el poder concedente (la Intendencia) no pueda ejercer el poder para renegociar el contrato por miedo a represalias jurídicas. Es ilógico pensar que el concesionario esta en mejores condiciones que la Municipalidad".

El edil pidió compromiso político para que se apruebe el proyecto presentado por su bloque, que contempla el paso previo por el Concejo de todas las concesiones. "Es un marco regulatorio, pero la Municipalidad no quiere aprobarlo. Se empecina en hacer un uso discrecional, hipotecando espacios públicos. Eso perjudica a futuras administraciones y se termina privatizando sólo por una elite", disparó Sukerman.

En tanto, la concejala María Fernanda Gigliani (PPS) recordó que "la Municipalidad nunca informó el monto que invierte el concesionario en la mantención del espacio público. Observamos que entonces no se puede hacer una ecuación económico financiera para determinar con exactitud el monto final del canon. Nadie (funcionarios) supo decir cuánto invierte en el mantenimiento del espacio público", disparó.