La jueza Viviana Rodríguez falló a favor de la Cooperativa Integral (Coopi) que denunció que la prestataria fue excluída de una licitación de la Municipalidad de Carlos Paz, tras considerar que se trata de una acción inconstitucional.

La prestataria había sido impedida de participar en la licitación para la construcción de las redes cloacales en Villa Domínguez porque mantenía un litigio judicial con el municipio. Desde el área de Asesoría Letrada confirmaron que apelarán la medida.

Concretamente, el amparo hace referencia a la la cláusula "G” del artículo Nº10 que el municipio incluyó en el pliego de llamado a concurso público para la ejecución de redes colectoras cloacales de Villa Domínguez, por la cual se le impidió participar del proceso de licitación. La jueza hizo lugar en su fallo al amparo presentado por la Coopi y declaró la "invalidez por inconstitucionalidad” de las condiciones exigidas por el municipio para poder presentarse a licitación. Entre los argumentos esgrimidos, la jueza puntualizó que la cláusula es de una arbitrariedad manifiesta, lo que supone "injusticia, abuso de autoridad, ilegalidad, ilegitimidad y violación grosera de los derechos de la Coopi”.

"Una norma semejante otorga a la administración una potestad que solo puede asemejarse a un sistema feudal o absolutista… que trae como consecuencia que los interesados resignen el ejercicio de derechos fundamentales… si quieren continuar siendo contratistas del Estado”; añade la jueza y luego completa: "La Cooperativa tiene derecho a defenderse y demostrar que sus argumentos son razonables, y no por ello es atendible que deba renunciar a su defensa para encontrarse dentro de las condiciones de admisibilidad impuestas por el Estado"

Tras conocer la decisión judicial, el municipio carlospacense adelantó que apelará la medida porque no se considera que la decisión sea inconstitucional. Según informaron, se había impedido a la Coopi presentarse a la licitación o concursos públicos porque tiene acciones judiciales pendientes contra la Municipalidad.

"Y en razón del aval brindado por el Ministerio Público Fiscal a la postura del municipio de no contratar empresas o personas físicas que tengan litigios pendientes con el municipio, será apelada la sentencia de la jueza a fin de resguardar la seguridad jurídica e igualdad de los proveedores"; informaron desde el área de Asesoría Letrada.