"La Recova": presentaron una escritura inválida para pedir la habilitación comercial

La Municipalidad santarroseña podría resolver el cierre en las próximas horas, según fuentes municipales.

El ex propietario del inmueble La Recova, Antonio Corredera, presentó una escritura invalidada por la Justicia para gestionar la habilitación comercial del bar.

La posibilidad fue informada por la secretaria de la Producción, Élida Deanna, ante la consulta de Liliana Ortiz, una de las favorecidas por la anulación de la escritura.

Liliana Ortiz mantuvo una entrevista con Deanna en la que se planteó la situación de la propiedad de la esquina de La Revoca ubicada en Yrigoyen y Avellaneda. El mismo fallo judicial que anuló la escritura en favor de Antonio Corredera, puso a Ángel Ortiz como propietario del 50% del mencionado inmueble.

El conflicto se inició por la liquidación de los alquileres de los locales linderos con La Recova. Esto produjo, en abril de 1999, la ruptura de la sociedad entre Abel y “Pepe” Corredera, pero el devenir del juicio puso en litigio la propiedad del local. Es que se descubrió que Antonio Corredera, en una escritura del año 1989, adquirió el 50% de La Recova. El 50% de ese inmueble fue vendido por Ángel Ortiz. Pero en ese momento, Antonio Corredera era apoderado de los sucesores de Nazario Camarero y el administrador judicial de la sucesión. Estaba inhibido expresamente para comprar esa parte.

La jueza García se pronunció por esta situación: anuló la compraventa y la escritura de esa operación.

Cabe recordar que una sociedad integrada por los Corredera, Ángel Ortiz y otros, compró todos los derechos de la sucesión de Nazario Camarero en el año 1984. Es por esa compra (en rigor una sucesión de los derechos sucesorios) que los Corredera y Ortiz comparten la propiedad del local de “La Recova”.

Además, en el mes de febrero, el Juzgado Civil Nº 1, a cargo de María del Carmen García, emitió un edicto en el que decretó “la prohibición de contratar” el inmueble de La Recova.

Es decir, que al finalizar el contrato que el anterior inquilino de La Recova (Héctor Espil) tenía con Antonio Corredera -quien por entonces aparecía como el propietario- no podría ser vuelto a alquilar. Como el contrato vencía el 1º de septiembre (a pesar de lo cual los hijos no siguieron usufructuando el lugar por las deudas que tenía la firma), la jueza estableció la prohibición de contratación a partir de esa fecha.

Al caerse la habilitación que tenía Espil, Antonio Corredera gestionó una habilitación provisoria ante la gestión de Torroba. En ese trámite, Corredera presentó una escritura que estaba invalidada, lo que ahora sorprendió a las autoridades municipales.

El 19 de mayo de 2010 falleció el inquilino de La Recova, Héctor Espil. A los pocos días, el negocio cerró por duelo. Pero el cierre se prolongó más allá de lo normal, porque detrás del cierre estaba la complicada situación judicial de los Corredera.

El 12 de junio de 2010, con una habilitación provisoria, Antonio Corredera volvió a abrir las puertas de La Recova, ahora con sus hijos como cara visible de la confitería. Pero esa habilitación provisoria tiene una duración de tres meses. Caducó el 12 de septiembre pasado.

Por estos días, Antonio Corredera procuraba la habilitación definitiva del comercio.

Liliana Ortiz -posible beneficiaria de la anulación de la compraventa realizada por su padre y su madre- mantuvo una entrevista con la secretaria de la Producción, Élida Deanna. Le consultó por la situación del inmueble y le exhibió el edicto publicado por el juzgado civil de María del Carmen García que estableció la “prohibición de contratar” y el fallo que anuló la escritura.

“Ella se mostró perpleja al darse cuenta que dieron una habilitación provisoria con una escritura trucha”, dijo Ortiz.

“Pero me comentó que por suerte le hicieron firmar a Antonio Corredera una declaración jurada en la se hacía responsable de la autenticidad o no de la documentación presentada”, añadió Ortiz.

Aseguró que “Deanna me dijo que con esta documentación revisarían la habilitación y que una vez que comprobaran la autenticidad de la documentación se podría resolver el cierre en 24 ó 48 horas”. De todos modos, restaba una consulta -“debe ser formal”, evaluó Ortiz- con Legales de la Municipalidad para definir el tema.

Ortiz dijo que “a mí, Deanna me comentó que el intendente no toleraría una irregularidad en el tema y si un funcionario avala una irregularidad se va del cargo. Otra cosa que me dijo es que cuando se habilita una despensa se pide todo, desde el matafuego hasta el último papel. No es admisible que la principal esquina de La Pampa se habilita con una escritura que no sería válida”.

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