La pelea por la propiedad de La Recova, el edificio de la esquina de Gil y Avellaneda, no cesa. Ahora se cayó el amparo que había dictado el juez civil Guillermo Salas por el pedido de clausura que pidió Liliana Ortiz, heredera de Ángel Ortiz, a cuyo nombre se registra una porción de la propiedad.

Aunque el amparo se cayó el último día del año 2015, la novedad no fue notificada, por lo tanto siguió en vigencia el amparo durante la feria judicial de enero. Esta maniobra permitió que siguiera todo igual, sin que el expediente de la clausura llegara a la Municipalidad.

“Cuando fuimos al juzgado en diciembre pasado, nos dijeron que no lo iban a notificar. En el juzgado se notifica todo el día que se resuelve. Pero este expediente tenían orden de no tocarlo”, dijo Liliana Ortiz. Ahora que terminó la feria, pidieron que el expediente se remita a la Municipalidad, porque el juzgado tampoco lo había enviado.

Ortiz exhibió la cédula del juzgado de Salas en la que resuelve “rechazar la acción de amparo promovida por Antonio Corredera contra la Municipalidad de Santa Rosa”. Le impone las costas y la devolución del expediente Nº 5325/10. Criticó la actitud del juez: “Le dio el amparo permanente por tres razones distintas. Y solo puede invocarse una”.

Esta situación es una batalla más de la pelea por la propiedad de La Recova, el edificio ubicado en Gil y Avellaneda donde funciona la histórica confitería.

Un fallo judicial anuló la compra que realizó Antonio Corredera y estableció que se debía registrar a los anteriores dueños. Entre ellos, Ángel Cereceda, quien falleció en mayo de 2014 y cuya sucesión dejó en manos de sus hijos los derechos sobre La Recova.

Historia de un conflicto

En el año 1984, el matrimonio de Ángel Ortiz y Elba Lezcano compró (junto a los Corredera) la mitad indivisa del inmueble de la esquina de La Recova al adquirir los derechos sucesorios de Nazario Camarero. En el año 1989 el matrimonio (padres de Liliana Ortiz) se lo vendió a Antonio Corredera, por lo que ese 50% pasó a ser propiedad de Antonio y Abel Corredera.

El problema comenzó cuando estalló un conflicto entre los hermanos Corredera: José “Pepe” Corredera reclamó su parte por la sociedad de hecho que integró con su hermano Abel. Cuando se pelearon, en 1999, la sociedad entró en disolución. En ese juicio apareció la situación de Antonio Corredera. Este era administrador, abogado y apoderado de la sucesión Camarero y estaba impedido por ley de comprar ese inmueble. Al surgir esta incompatibilidad, Ortiz hizo el reclamo. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo órgano judicial del país ratificó el fallo del Juzgado Civil Nº 2 de Santa Rosa, a cargo de María del Carmen García, al rechazar los recursos de Antonio Corredera. Ese fallo declaró la operación de compraventa de la escritura Nº 412 de “nulidad absoluta”. Con esa resolución, Ángel Ortiz Cereceda volvió a ser dueño del 50% de La Recova, que incluye el local principal (donde funciona la confitería) y los locales aledaños.

La jueza García, una vez firme el fallo, ordenó librar oficio al Registro de la Propiedad Inmueble a los fines registrales del 50% en plena propiedad de Ángel Ortiz Cereceda.

Ahora, Antonio Corredera sostiene que Ángel Ortiz cobró en su momento por la venta del 50% del inmueble. Pero Liliana Ortiz, hija de Ángel, dice que Corredera fue propietario de ese 50% a partir de un acto que fue declarado nulo.

Clausura y amparo

La Municipalidad santarroseña clausuró el local de La Recova el 14 de diciembre de 2014.

El Juzgado Civil Nº 3, a cargo de Guillermo Salas, otorgó un amparo en esos días contra la decisión de la Municipalidad de Santa Rosa de clausurar la confitería La Recova. El cierre ocurrió porque Antonio Corredera no podría acreditar la propiedad del local, luego de un fallo judicial que anuló una escritura de compraventa y devolvió la propiedad a su anterior dueño.

El municipio clausuró el local porque el Registro de la Propiedad Inmueble envió un informe de dominio donde declaró la nulidad de la escritura a nombre de Corredera. El abogado presentó un amparo para seguir funcionando. El juez Salas otorgó el amparo primero hasta el 19 de mayo, pero se extendió hasta el 31 de diciembre de 2015.