El fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, emitió una serie de recomendaciones al resolver en una denuncia de irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales que se presentó hace dos años. Encontró desorden administrativo y falta de información y verificación.
El fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, archivó una denuncia por irregularidades en la adjudicación de viviendas que presentó una diputada del Frepam hace dos años aunque, en la misma resolución, recomendó una serie de medidas al organismo para garantizar el acceso a la información pública y el control ciudadano en la entrega de casas. Carola se encontró con un marcado “desorden administrativo de los legajos de los inscriptos, falta de actualización de la información allí reunida y la falta de una verificación adecuada de la información aportada por el postulado” en la documentación del Ipav que analizó.
La investigación por posibles irregularidades en la adjudicación de las casas del IPAV se abrió a partir de la denuncia presentada el 5 de mayo de 2014 por la entonces diputada provincial del Frepam, Lidia Duperou. Las quejas de algunos postulantes y las sospechas de favoritismos en la preselección de los adjudicatarios desembocaron en aquel momento en la denuncia de la legisladora.
El pasado 29 de agosto Carola dictó la resolución Nº 685, que archivó el expediente y emitió una serie de recomendaciones a la actuales autoridades del Ipav. Según pudo saber El Diario, el fiscal recomendó, entre otras medidas, que el organismo forme un expediente administrativo y su incorporación al sistema general de expedientes, respetando carátula, foliatura.
También aconsejó la garantía expresa de acceso a la información pública, a fin de permitir por parte de la ciudadanía del derecho de control sobre el derecho humano de acceso a la vivienda digna, además de una verificación de los domicilios o residencias previo a adjudicarse la vivienda. Además pidió la profundización del seguimiento de situación de las personas inscriptas a los fines de acceder a una vivienda social. Todas las recomendaciones apuntan a “la confección de una base de datos fidedignas que permitan la realización políticas públicas acordes con las problemáticas de la provincia en materia habitacional”, según aclaró.
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